lunes, 26 de noviembre de 2018

(continuación del artículo anterior)

¿Por qué los políticos se excusan
que no hay dinero para los afectados filatélicos?

Como escribíamos en el artículo del día 19 de noviembre, quedaba pendiente de publicar un segundo artículo que a continuación insertamos.

Siempre nos dicen que “NO HAY DINERO PARA NOSOTROS”, cuando lean los artículos siguientes verán que cuando los políticos dicen que no hay dinero para los afectados de Afinsa y Fórum, sencillamente ¡nos mienten!



El Banco de España eleva a casi 65.000 millones el coste de las ayudas a la banca

24 NOV. 2018 - 00:12  Agencia efe

  
El Banco de España ha elevado a 64.953 millones de euros el coste de las ayudas al sector financiero, 4.340 millones o un 7% más que hace un año, asumido en gran parte por el Estado a través del FROB y por el Fondo de Garantía de Depósitos.
Según la información actualizada por el organismo que preside Pablo Hernández de Cos, a este nuevo cálculo se llega haciendo una estimación de que el FROB, como principal accionista de Bankia, podría obtener ahora 9.857 millones de euros, 2.341 millones menos de lo previsto en el verano de 2017.
A esa cantidad que se podría recuperar con la venta de Bankia hay que sumar los 5.150 millones de euros ya recuperados -a razón de 4.477 millones para el FROB y 673 millones para el Fondo de Garantía de Depósitos-, lo que haría un total de 15.007 millones.
Se trata de una parte muy pequeña respecto a los 77.714 millones de euros en ayudasaportadas por España al sector financiero durante la crisis, porque el FROB, con dinero público, ha destinado 56.844 millones mediante inyecciones de capital y otras garantías, y el Fondo de Garantía de Depósitos, 20.870 millones.
Esta última partida ha aumentado en 1.263 millones de euros en solo un año porque las garantías para vender la CAM al Banco Sabadell pasan de 5.844 a 6.480 millones, mientras que las concedidas a BBVA en la compra de Unnim se elevan de 1.689 a 1.742 millones.

Fuente: http://www.expansion.com/empresas/banca/2018/11/23/5bf834ace5fdea1d608b465e.html


El Banco de España calcula que los españoles perderán
42.017 millones del rescate
·       Actualizas las pérdidas en Sareb hasta el 75% de la inversión
·       Solo considera recuperables 14.334 millones de euros




Fuente: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/11/23/companias/1542988644_003653.html

lunes, 19 de noviembre de 2018

¿Por qué los políticos se excusan en que no hay dinero para los afectados filatélicos?


Nadie está a salvo de las derrotas.
Pero es mejor perder algunos combates en la lucha por nuestros sueños,
que ser derrotado sin saber siquiera por qué se está luchando.


Paulo Coelho.


El equipo de colaboradores de la Asociación de Afectados de Afinsa, lo hemos tenido siempre claro, estamos luchando por la recuperación de TODOS NUESTROS AHORROS. Hasta la fecha, nuestra lucha no ha dado los frutos por todos esperados. Por esta razón y otras muchas más seguimos luchando.

En los últimos artículos publicados, se puede  ver, el despilfarro generalizado en España. A continuación insertamos dos artículos que apoyan la afirmación realizada.

Primero. “España es el undécimo país del mundo con más deuda pública”.

Para que todo el mundo lo entendamos el pago de los intereses de la deuda pública alcanzó en el año 2017 los 32.935 millones de euros. En el resto del artículo pueden ustedes leer otras cifras que no les dejarán indiferentes.


Fuente: El economista

España es el undécimo país del mundo con más deuda pública
El país tiene un 18% de deuda pública adicional 'oculta'
Paga 90 millones al día en intereses de la deuda
13:00 - 18/11/2018

España se sitúa como el undécimo país del mundo con mayor volumen de deuda pública y el pago de los intereses de la deuda pública alcanzó los 32.935 millones de euros en 2017, lo que representa el 2,6% del PIB y un desembolso de unos 90,2 millones de euros al día, frente al desequilibrio no financiero de 4.143 millones de euros, el 0,5% del PIB.
Así se desprende de un estudio sobre deuda pública elaborado por EAE Business School, que concluye que, mientras que el déficit primario ha ido mejorando significativamente desde el año 2012, no ha ocurrido lo mismo con los intereses de la deuda que, incluso en el contexto de bajos tipos del periodo en cuestión, aumentaron respecto del año anterior.
En concreto, España pagó el año pasado más de 90 millones diarios por los intereses de la deuda pública y una cifra ligeramente inferior según las previsiones del año 2018. En este sentido, el incremento interanual del volumen de deuda en 2017 fue de 37.078 millones de euros, de los que un 88,8% corresponde al pago de los intereses de dicha deuda, mientras que el déficit primario sólo representa el 11,2%.


Necesidad de financiación incluso en superávit
El estudio apunta que, a menos que se reduzca el stock de deuda existente, será difícil no necesitar financiación adicional incluso en situaciones de superávit primario, y avisa de que, en el cercano contexto de subidas de tipos de interés, el coste financiero de la deuda pública va a crecer incluso manteniendo el mismo volumen de pasivos financieros.
Cuadro de texto: Teniendo en cuenta los pasivos en circulación, la deuda pública no representa el 98,1% del PIB en el año 2017, sino que realmente es el 137,5%La observación de la evolución histórica de la deuda pública de España muestra un crecimiento exponencial durante el periodo 2008-2017, al pasar de un volumen acumulado de 440.621 millones en 2008 (39,5% del PIB) a un importe de 1,14 billones de euros en 2017 (98,1% del PIB).
Además, el estudio señala que se mantiene una tendencia alcista durante el año 2018, que acumula al cierre del primer semestre un total de 1,16 billones de euros, lo que implica que la deuda pública per cápita fue de 24.594 euros en 2017 y en los primeros seis meses de 2018 ha aumentado en 400 euros.
En cuanto a las fuentes, la deuda pública española se encuentra financiada a través de diferentes agentes: las entidades de crédito no residentes (44,6%) con un valor de 421.735 millones, seguidos por el Banco de España (22,1%) con 209.020 millones y las entidades de crédito residentes con 158.471 millones de euros (16,8%). Según el estudio, este dato revela que "el inversor extranjero tiene confianza en la deuda soberana española".


Un 18% de deuda adicional oculta
Por otro lado, el informe alerta de que debido al uso de la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), no se mide el total de pasivos en circulación sino la deuda consolidada de las administraciones públicas sin incluir determinados conceptos, por lo que existe un 18% de deuda adicional que se encuentra "oculta" y que igualmente habrá que pagar en algún momento.
De esta forma, la deuda pública de España, considerando el total de pasivos en circulación, no representa el 98,1% del PIB en el año 2017, sino que realmente es el 137,5% del PIB, algo muy alejado de lo que se considera oficialmente.
En relación al déficit público, que genera las necesidades de financiación mediante deuda, apunta que durante los primeros nueve meses del año 2018, las cuentas del Estado muestran una evolución positiva, aunque siguen marcando una situación de déficit por importe de 13.245 millones, lo que representa el 1,09% del PIB y una mejora de 0,38 puntos porcentuales en términos interanuales.
Cierre de año con déficit
En cuanto a la evolución media de ingresos y gastos, a cierre del año 2018 se alcanzaría un déficit de 35.511 millones de euros que representa el 2,93% del PIB, ambas magnitudes mejorando sus equivalentes del año 2017, según el estudio. En términos de déficit primario, realizando una estimación equivalente, habría que restar el pago de 29.300 millones de euros de intereses, lo que dejaría la citada partida en 6.200 millones de euros, superior al alcanzado en el año anterior.
De su lado, las cuentas de la Seguridad Social muestran un déficit que representa casi la mitad del total de la economía. A finales de 2017 la Seguridad Social terminó el ejercicio con la cifra de déficit más alta de su historia, un total de 18.756 millones de euros y las previsiones para el año 2018 es que acabe alrededor de 19.500 millones, debido entre otros factores al acuerdo del gobierno sobre la vinculación de las pensiones con el IPC.
De cumplirse la previsión, el déficit acumulado por la Seguridad Social ascendería a 101.305 millones de euros y, dada la situación del Fondo de Reserva conocido como la "hucha de las pensiones", que solo dispone de 8.095 millones, el Gobierno seguirá emitiendo deuda para ir cubriendo dichos desajustes, algo que el estudio cree que "previsiblemente se irá repitiendo de forma continuada a lo largo de los próximos años, mientras no se cambie el modelo actual del sistema de pensiones".

Undécimo país con mayor deuda del mundo
A nivel mundial, los países que tienen mayor peso en cuanto a la deuda son Estados Unidos (31,8%), Japón (18,8%), China (7,9%), Italia (3,9%), Francia (3,8%), Alemania (3,8%) y Reino Unido (3,7%). España se encuentra en la posición once, con un valor del 2% de cuota sobre el total de la deuda mundial.
Dentro de los países fuera de la UE que en 2017 presentaron de menores niveles de endeudamiento destacan Rusia, Emiratos Árabes y Chile con tasas del 17,4%, 19,5% y 23,6% sobre su PIB, respectivamente, pero con incrementos acumulados respecto del año 2008 del 134,8%, 55,4% y 379,5%, siguiendo el mismo orden.
En la Unión Europea, Grecia es el país más endeudado alcanzando el 178,6% de su PIB en el año 2017, junto a Portugal (125,7%) e Italia (131,8%). En el otro extremo, entre los países con menor ratio de endeudamiento en 2017 se encuentran Estonia (9,0%), Luxemburgo (23,0%) y Bulgaria (25,4%).

lunes, 29 de octubre de 2018

¿Piensan que no hay dinero para todos?



“En España el mérito no se premia.
Se premia el robar y el ser sinvergüenza.
En España se premia todo lo malo.”
 

Ramón de Valle Inclán



A continuación en diferentes enlaces que vamos a publicar, podrán ver ustedes, por qué nuestra asociación (adherida a ANVIFA) reclama todos nuestros ahorros.

En primer lugar como bien dice el titular “La locura de las renovables: ya han costado 85.000 millones y costarán 115.000 millones más”



La locura de las renovables: ya han costado 85.000 millones… y costarán 115.000 millones más
Las primas al régimen especial se disparan. El Gobierno quiere cambiar la norma. Los afectados piden seguridad jurídica. Alemania pagará incluso más.
"Se nos fue la olla con las renovables" – Miguel Sebastián, octubre de 2015.
Incluso quien fue su principal valedor en su momento reconoce que algo se hizo mal. El ministro de Industria que más hizo para impulsar la energía verde en España ya admite que se pasaron, que no calcularon bien, que no previeron las consecuencias de sus actos… vamos, que se les fue la olla.
Pero, ¿cuánto? ¿Fue un error normalito? Como ese chaval que se va de fiesta, promete a sus padres que volverá a las 2.00 a casa… y aparece a las 3.30. ¿O fue una locura de las gordas? Con el chico llamando a casa a las 10.00 de la mañana desde una parada de autobús a 50 kilómetros de casa porque no tiene cómo volver.
Pues bien, hasta ahora, la locura de las renovables de Zapatero y Sebastián le ha costado a los contribuyentes españoles casi 85.000 millones de euros. Y no se quedará aquí. En los próximos años la factura continuará subiendo. No es fácil hacer una estimación total. María Teresa Estevan Bolea, primera mujer del Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado y decana del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, estuvo hace unos días explicándonos todo esto en una entrevista en Libertad Digital. Y nos dejó su sabiduría y sus cálculos: según sus cifras, la factura de las renovables se disparará hasta casi alcanzar los ¡200.000 millones de euros! Sí, parece una ida de olla de las grandes, de las que aseguran un castigo de los que no se olvidan. También en este caso lo habrá: eso sí, no lo pagarán los que se metieron en el lío, sino todos los españoles, en sus impuestos y en su factura de la luz. Es lo que tienen las noches locas, que siempre vienen seguidas de resaca.

El mix y el coste
De los 105.000 MW de potencia eléctrica instalada que tiene España unos 30.000 MW de renovables (más 6.700 de cogeneración). Eso nos sitúa como uno de los países del mundo con más porcentaje de su mix eléctrico basado en renovables. De esta forma, las fuentes se dividen en dos: régimen convencional (hidráulica, nuclear, gas en ciclos combinados, carbón, fuel-gas) y el régimen especial (renovables y cogeneración).
Para las primeras, la remuneración llega según los precios de mercado. Ese precio se fija diariamente y para cada hora, en función de la oferta y la demanda a través de un sistema marginalista: se paga a los productores el precio más alto que casa oferta y demanda. Buena parte de la producción entra a precio cero (renovables o nuclear) y sólo cuando con estas fuentes no se cubre la demanda van entrando a la subasta las fuentes más caras. Por eso las condiciones atmosféricas son tan importantes: si hay sol y viento y las renovables funcionan a plena potencia, se necesita menos aporte de las fuentes más caras; si en un momento de alta demanda no se puede tirar de renovables, entonces el precio de ese día es más caro.
Eso sí, hay que tener en cuenta que la electricidad generada a través del régimen especial recibe una prima. Es decir, que aunque el precio de mercado sea bajo, los productores tienen garantizados unos ingresos. Y esa prima también se paga en la factura de la luz. Es decir, que incluso cuando los precios son bajos, el coste final no baja como debería.
En el siguiente gráfico se detallan cuáles son los costes incluidos en la factura de la luz:
De esta manera, tenemos un sistema eléctrico en el que hay que pagar la energía, su transporte y distribución, como en cualquier otro mercado; y además, una serie de costes adicionales (primas, subvenciones, pagos por sobrecapacidad) que se suman a unos elevados impuestos. ¿El resultado? La electricidad en España está entre las más caras de Europa.

De primas y garantías
Pero hay un problema adicional. Como explica Estevan Bolea, "el verdadero problema de las renovables no es este coste tan elevado. La mayor dificultad es que sólo garantizan el suministro eléctrico unas 1.800 – 2.200 horas al año y en algunos casos, como la eólica, funcionan más por la noche, cuando la demanda es menor". Por eso, para que no haya apagones o interrupción en el suministro, el sistema necesita de una potencia firme de respaldo que asegure que incluso cuando no hay renovables, todos tendremos la electricidad que demandamos.
Si a eso le sumamos que las renovables se instalaron en España cuando la tecnología estaba en proceso de desarrollo y era más cara, el cóctel es explosivo. Porque instalar ahora la misma cantidad de potencia renovable sería bastante más barato: los procesos han mejorado mucho y han caído los costes de estas centrales. Pero lo que se les prometió a los productores es cubrir sus costes pasados, sin importar la diferencia con el precio de mercado. En la siguiente tabla pueden verse las subvenciones a las renovables en 2015 (en €/MWh) respecto al precio de mercado. Como puede verse, en el caso de la solar hablamos de primas que multiplican por 6 y por 7 el precio del mercado. ¿Una ida de olla?

 El resultado puede verse en el siguiente gráfico que muestra la evolución de los costes del sistema eléctrico desde el año 2003. Lo que ha disparado el precio de la electricidad en España han sido las primas al régimen general. Y no hablamos sólo de pasado, sino también de lo que supondrán a futuro.

Los cálculos de Estevan Bolea sobre el coste de las renovables, siguiendo datos oficiales del Ministerio de Energía apuntan a que, sumando los 7.000 millones que se prevé que costará este mismo año 2017, las primas al régimen general han ascendido a unos 84.000 millones de euros. Si a esa cifra le sumamos lo que habrá que ir abonando a los productores (si no hay cambios en el marco legal que, por otro lado, podrían ser impugnados en los tribunales), llegamos a casi 199.000 millones de euros. Y aunque mal de muchos... ya se sabe que no es gran consuelo, hay que decir que no somos los que peor estamos. En Alemania, la política de subvenciones a las renovables ya ha costado 150.000 millones y se estima que en los 25 años que hay previsto que se sigan pagando estas primas alcanzará los 520.000 millones. (Ver la siguiente tabla con el desglose de las ayudas en España por tipo de energía):

No está mal que un político reconozca sus errores. Unos errores, por cierto, que comparte con buena parte de sus compañeros, en su partido y en los contrarios. Porque sí, la locura de las renovables alcanzó su apogeo con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero comenzó con el PP en el poder (aunque hay que reconocer que en este tema hay diferencias de magnitud que son muy importantes). También podría señalar a los medios de comunicación, porque es misión casi imposible encontrar a alguien que entre 2004 y 2011 criticara lo que se vendía como la "apuesta por la energía verde" que situaría a España en la vanguardia de la tecnología. Y a los que lo hacían (lo hacíamos, porque Libertad Digital fue uno de los pocos medios críticos con aquella política) se les tachaba de agoreros, de estar en contra del progreso o de enemigos del medio ambiente. Pero no estaría de más preguntarse tampoco si esos errores, cuando son de esta magnitud, no deberían tener aparejados alguna consecuencia.
Decía Miguel Sebastián, en la frase con la que comenzábamos este artículo: "Se nos fue la olla". Hay otra expresión popular, muy popular en estos años de Youtube y vídeos virales, que también podría haberle servido para ilustrar lo que ha ocurrido en el pasado y lo que seguirá ocurriendo en el futuro: miles de millones de euros malgastados, inseguridad jurídica, reclamaciones, empresas quebradas, fraude en el cobro de las ayudas, una industria menos competitiva, una factura de la luz incomprensible, consumidores que se sienten estafados… Porque da la sensación de que los gobiernos españoles, en este tema de las renovables, la han liado parda.


Por si lo anterior no fuera lo suficientemente sangrante el gobierno del Partido Popular en su momento, “aprueba el rescate de las autopistas en quiebra” verán ustedes el coste que ha supuesto para todos los españoles.


RESCATE DE AUTOPISTAS
Las constructoras cifran en 4.000 millones el coste del rescate de las autopistas
El Ministerio de Fomento confía en reducir el importe final con los entre 700 y 1.000 millones de euros que espera obtener con la relicitación de las nueve autopistas


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MADRID
EUROPA PRESS
La patronal de grandes constructoras y concesionarias Seopan mantiene en unos 4.000 millones de euros el coste para las arcas públicas del rescate de las nueve autopistas quebradas, importe que dobla la estimación de 2.000 millones realizada por el Gobierno.
Este cálculo incluye la inversión que los actuales concesionarios de las vías realizaron para su construcción y el coste de expropiaciones que asumieron, según detalló el presidente de Seopan, Julián Núñez.
El Ministerio de Fomento no ha calculado aún este importe, la denominada responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) ante las vías.
El Departamento debe calcular y pagar su cuantía en los seis meses siguientes a la resolución de los actuales contratos de concesión en la que ya trabaja, toda vez que ha empezado a asumir las vías que van cayendo en liquidación.
No obstante, el Ministerio que dirige Íñigo de la Serna confía en reducir el importefinal con los entre 700 y 1.000 millones de euros que espera obtener con la relicitación de las nueve autopistas.
En cuanto a la RPA, su coste correrá a cargo del Fondo de Contingencia y repercutirá en el déficit público de este año, tal como indicó este martes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con ocasión de la presentación de los Presupuestos de 2018.
Plan de carreteras
En este sentido, el presidente de Seopan considera que las constructoras que se adjudiquen los contratos de construcción y posterior explotación de los tramos de autovía que incluye el Plan Extraordinario de Carreteras no deberían asumir el riesgo de las expropiaciones de los terrenos, o al menos no en su totalidad.
Otras dudas del sector respecto a este plan, del que en unos días Fomento espera lanzar los primeros contratos, pasan por la forma en que se actualizará anualmente el canon o pago que las constructoras recibirán durante los años en los que exploten y mantengan la vía para recuperar su inversión.
No obstante, el presidente de Seopan manifestó la satisfacción del sector por la puesta en marcha de este programa de construcción de carreteras en colaboración con la inversión privada, dado que supone la vuelta de los contratos de concesión inéditos en España desde 2012.
El Plan de Carreteras contempla la construcción de 2.000 kilómetros de nuevos tramos de autovías por un importe total de 5.000 millones en un plazo de tres años.




Fuente:

El Gobierno aprueba el rescate de las autopistas en quiebra
El Consejo de Ministros autoriza romper los contratos con los actuales concesionarios y fijar fecha para que las asuma el Ministerio de Fomento


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MADRID
EUROPA PRESS
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el rescate de ocho de las nueve autopistas de peaje que están en quiebra al autorizar la anulación de los contratos con las actuales sociedades concesionarias de las vías.
El Gobierno también ha instado a que se determinen las fechas exactas en las que el Ministerio de Fomento, a través de su sociedad Seittsa, pase a hacerse cargo de las autopistas, según informó el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En concreto, el Consejo ha autorizado rescindir siete contratos de concesión. Se trata del correspondiente a las autopistas radiales R-3 Madrid-Arganda y R-5 Madrid-Navalcarnero, y a los de la R-4 Madrid-Ocaña, la R-2 Madrid-Guadalajara, la M-12 Madrid-Aeropuerto de Barajas, la AP-36 Ocaña-la Roda, el tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera y la Circunvalación de Alicante.
ruptura de los contratos supone un proceso de trámites administrativos, entre ellos la consecución de informes de la Abogacía del Estado y del Consejo de Estado. Una vez que estén listos, el Consejo de Ministros volverá a ratificar la resolución contractual.
En paralelo, con el fin de garantizar la continuidad del servicio de las autopistas, el Ejecutivo ha instado al delegado del Gobierno en las sociedades concesionarias de autopistas a determinar la fecha en que Fomento pasará a hacerse cargo de estas vías.
Primer rescate el miércoles
Por el momento, sólo hay fecha para el rescate para tres de ellas. La R-4 será asumida por el Ministerio el próximo miércoles 21 de febrero y la Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante el 1 de abril, en la fecha que el juez dictó para que pasen al Estado.
Fomento prevé asumir el resto de vías entre lo que queda de este mes y el de marzo, si bien fijará la fecha de acuerdo con los juzgados que acordaron su liquidación y con sus administradores concursales, según destalló el Ministerio.
En cuanto a la otra vía quebrada, la AP-41 Madrid-Toledo, el Ejecutivo aún no ha anulado el contrato, dado que esta vía no ha alcanzado la fase de liquidación en el proceso de concurso de acreedores en que están inmersas todas ellas desde 2012.
El objetivo de Fomento con este rescate es "garantizar que las autopistas sigan prestando servicio a los usuarios" tras la quiebra de sus actuales sociedades concesionales, mientras se vuelve a ceder su explotación a empresas privadas mediante un concurso público que "lanzará en los próximos meses", según recordó Méndez de Vigo.
Las sociedades concesionarias de las vías con las que el Ejecutivo rescinde el contrato están participadas por grupos concesionales como Abertis y Globalvía, grandes constructoras como ACS, Ferrovial, OHL y Sacyr, y entidades bancarias.
Factura para las arcas públicas
Una vez que estos contratos de concesión de las autopistas queden definitivamente resueltos comenzará a contar el plazo de seis meses con que cuenta Fomento para calcular y pagar la responsabilidad patrimonial de la Administración.
Se trata del importe que, por contrato, tiene que pagar a sus actuales concesionarios por las inversiones que realizaron para construir las autopistas, un importe que Fomento ya ha reconocido que afectará al déficit público de este año.
El Gobierno unos 2.000 millones esta factura en el plan de estabilidad remitido a Bruselas el pasado otoño, pero los fondos oportunistas que tienen la deuda de las autopistas lo estiman en unos 4.500 millones.
Si bien el Ejecutivo asegura que su cálculo es "orientativo" y que además, espera cubrir parte del mismo con los hasta 1.000 millones que espera obtener con la relicitación de las vías, el impacto en las cuentas públicas podría ser finalmente de unos 1.000 millones.

Fuente:
https://www.publico.es/economia/rescate-autopistas-cargara-fondo-contingencia-e-impactara-deficit-2018.html

El rescate de las autopistas se cargará al Fondo de Contingencia e impactará en el déficit de 2018
Montoro asegura que el coste que el Estado afrontará por asumir la gestión de las nueve vías en quiebra aún no está cuantificado y que, por ello, no se recoge en los Presupuestos


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MADRID
EUROPA PRESS
El coste que el Estado afrontará por el rescate de las nueve autopistas en quiebra aún no está cuantificado y, por ello, no se recoge en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, si bien se costeará a cargo del Fondo de Contingencia y tendrá impacto en el déficit público de 2018.
Así lo indicaron el ministro de Economía, Cristóbal Montoro, y el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, durante la presentación de las cuentas públicas en el Congreso. "Es un proceso consecuencia de sentencias judiciales, que genera un crédito que ha de atender el Estado en su momento, y por eso no figura en el programa de gasto de los Presupuestos", detalló Montoro sobre el rescate de las autopistas.

"Cuando el crédito tenga que afrontarse, el Estado debe tener capacidad para pagarlo y tendrá un impacto determinado en el déficit de 2018", reconoció el titular de Hacienda.
De su lado, Nadal añadió que se trata de un importe que aún no está determinado, pero que se sufragará con el Fondo de Contingencia, que en las cuestas del Estado para 2018 está dotado con 2.397 millones (un 1,2% más que en 2017).
Además, secretario de Estado de Presupuestos recordó que la cuantía en que se calcule el coste del rescate es preciso descontar lo que Fomento espera obtener con la relicitación de las nueve vías quebradas, un concurso en el que espera obtener hasta 1.000 millones de euros.
En virtud del rescate de las autopistas quebradas que actualmente aborda el Ministerio de Fomento, el Estado tendrá que pagar a las actuales sociedades concesionarias de las vías por la inversión que realizaron en su construcción y que aún no han amortizado por el cobro del peaje.
El Ejecutivo cifró en unos 2.000 millones este coste en el último plan de estabilidad remitido el pasado año a Bruselas, si bien los acreedores de las vías lo elevan hasta 4.500 millones.
El Ministerio de Fomento está comenzando a asumir las autopistas que están alcanzando la fase de liquidación en los procesos concursales que están inmersas desde 2012, cuando quebrados por el desplome de los tráficos y los sobrecostes de las explotaciones.
Una vez que se rescindan los actuales contratos de concesión, el Estado contará con un plazo de seis meses para determinar y pagar la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), esto es, el referido pago por las inversiones que supusieron la construcción de las vías. No obstante, dado que parte de las vías no se han liquidado aún y, por ello, no se ha calculado esta RPA, la factura del rescate aún no se ha incluido en los Presupuestos.
Además, Fomento prevé sacar a concurso en la segunda mitad del año las autopistas para volver a ceder su explotación a empresas privadas. Con este proceso espera obtener entre 700 y 1.000 millones de euros, cuantía que destinará a amortiguar el impacto del pago de la RPA.




Y como no queremos aburrirles para finalizar este artículo una más del déficit de tarifa eléctrico.



Vuelve el déficit de tarifa
Imagine que cada consumidor, junto con su factura, hubiese recibido desde 1997 un cupón de descuento por, digamos, el 10%. Más que un descuento, se trataba de una compra a plazos
19/09/2018 19:06 - ACTUALIZADO: 20/09/2018 19:29

Den le bienvenida (mejor dicho, el bien-retorno) a un viejo conocido del sector eléctrico: el déficit de tarifa. El déficit de tarifa es un invento bastante español. De manera muy resumida (seguro que la historia la han leído antes), el déficit de tarifa se inventó en el año 1997, cuando se produjo la (presunta) liberalización del sector eléctrico, y se convirtió en una bola de nieve a partir de 2005, cuando los precios energéticos se dispararon en los mercados internacionales.
De forma simplificada, el déficit de tarifa consiste en que una parte de la electricidad no se paga ahora sino en el futuro. Imaginemos que cada consumidor eléctrico, junto con su factura mensual, hubiese recibido desde 1997 un cupón de descuento por, digamos, el 10%. En realidad, más que un descuento, se trataba de una compra a plazos. Ese cupón decía: “Te descontamos el 10% de tu factura, que pagarás en cómodas cuotas a lo largo de los próximos 10 años”.


Ese cupón imaginario era muy real: lo recibieron sin saberlo los consumidores eléctricos cada mes desde 1997. En algunas facturas, el descuento fue del 10%, en otras del 5%. La bola de nieve se fue acumulando a lo largo de los años. En su momento cúspide, en 2012, la deuda acumulada llegó a superar los 30.000 millones de euros. En la actualidad, se sitúa por debajo de los 20.000 millones y terminaremos de pagarla dentro de aproximadamente una década.
¿Cómo nació el déficit de tarifa? En 1997, España vivía bajo la presión de los denominados criterios de Maastricht. Uno de ellos establecía que la tasa de inflación no podía superar en más de 1,5 puntos la media de los tres países menos inflacionistas de la UE. En 1996, la media de la tasa de inflación en estos tres países (Suecia, Finlandia y Alemania) fue del 1%, por lo que el límite de Maastricht era del 2,5%. España cerró 1996 con una inflación del 3,6%. En 1997, la inflación en España descendió hasta el 1,9%, cumpliendo por tanto el objetivo. ¿Qué pasó entre medias?
El kilovatio se ha encarecido un 50% respecto a septiembre de 2017
Pasó sencillamente que el Gobierno hizo todo lo posible para controlar los precios. Acuciado por la necesidad de reducir el diferencial de inflación, el Gobierno echó mano de todos los precios que estaban a su alcance. El precio eléctrico era uno de los candidatos más obvios. Así que el Gobierno, como parte de la liberalización eléctrica, decidió que los precios se congelasen, a cambio de reconocer a las empresas el derecho a recuperar este desajuste en el futuro. Había nacido el déficit de tarifa.
¿Qué consecuencias tuvo el déficit de tarifa sobre el sector eléctrico? Muchas, casi todas negativas. Al mantener los precios artificialmente bajos, el déficit de tarifa incentiva el consumo excesivo y, en consecuencia, incrementa de manera injustificada los beneficios de las empresas eléctricas. Adicionalmente, traspasa de manera insolidaria (e inconsciente) el coste de la electricidad actual a los consumidores futuros. Por último, hay que financiar el déficit. Alguien debe aportar la liquidez necesaria para financiar el desajuste. En España, se optó primero por que fuesen las propias empresas las que asumiesen esta financiación, reconociéndoles un derecho de cobro en sus balances. Cuando la bola se incrementó demasiado, y coincidió con un contexto de restricciones financieras, hubo que arbitrar otros mecanismos para su financiación. Al final, se creó un fondo de titulización (FADE) que, con la garantía del Estado español, acudió a los mercados internacionales para colocar esta deuda acumulada mediante instrumentos de renta fija.

El Gobierno decidió que los precios se congelasen, a cambio de reconocer a las empresas el derecho a recuperar este desajuste en el futuro
El déficit de tarifa, como se ha explicado, creció exponencialmente hasta 2012. Una pregunta que normalmente acalora las discusiones en el sector eléctrico es quién es el culpable del déficit eléctrico. Al ser un desajuste entre los ingresos y los gastos del sistema eléctrico, en realidad la 'culpa' proviene de ambos sitios. Por el lado de los ingresos, la 'culpa' consistió en aislar a los consumidores de los incrementos de los precios energéticos hasta 2006. A partir de este año, la 'culpa' provino del lado de los costes, fundamentalmente del incremento de las primas a las renovables.
En 2012, el déficit ascendió a más de 5.000 millones de desequilibrio, solo ese año. Para hacer freno al agujero, solo había tres caminos: que pagasen los consumidores eléctricos, que lo hiciesen las empresas o los contribuyentes. La reforma de 2012 decidió que el agujero lo pagasen en su mayor parte los consumidores eléctricos. Pero lo hizo a través de un camino indirecto: en lugar de subir el precio de la luz, se estableció un impuesto sobre las empresas del 7%, que automáticamente estas repercutieron sobre los consumidores.


¿Había otras maneras de hacerlo? Sí, por ejemplo, se podría haber eximido de este impuesto a las tecnologías marginalistas (carbón y gas). Aunque parezca contraintuitivo, al eximir del impuesto a determinadas plantas, acaban siendo las empresas las que soportan el impuesto en lugar de los consumidores. Lógicamente, no es sencillo argumentar por qué unas tecnologías deben estar exentas del impuesto y otras no. Los abogados del Ministerio de Industria hubiesen pasado un mal rato, y es discutible si los tribunales lo hubiesen aceptado. Pero el resultado es que las empresas hubiesen soportado el impuesto.
También había una tercera vía: hacer que el agujero lo soportasen el conjunto de los contribuyentes, por ejemplo, financiando determinadas partidas de la factura eléctrica a través de los Presupuestos Generales del Estado.
¿Había otras maneras de hacerlo? Sí, por ejemplo, se podría haber eximido de este impuesto a las tecnologías marginalistas (carbón y gas)
¿Qué supone la 'suspensión' del impuesto eléctrico? El efecto más inmediato es una bajada en la tarifa que pagan los consumidores, que la propia ministra ha cifrado en un 2%. El segundo efecto es que automáticamente se produce un desajuste entre los ingresos y gastos del sector eléctrico: según la Comisión de Competencia, la recaudación del impuesto eléctrico ascendió en 2017 a cerca de 1.500 millones. Este es el agujero que automáticamente se produce en el sector eléctrico.
La ministra ha estado hábil, porque ha anunciado la suspensión del impuesto eléctrico apenas unos días después de que Pablo Casado propusiese su eliminación, lo que deja ahora en un brete al PP. El ministerio también ha anunciado que en el plazo de seis meses presentará un conjunto de medidas estructurales sobre el sector eléctrico. Otra manera de decirlo es que de aquí a entonces debe encontrar la manera de recortar 1.500 millones de euros en el sector eléctrico para equilibrar las cuentas (y la experiencia indica que no es una empresa fácil). Como diría su colega de gabinete, la ministra de Economíalo fácil es bajar los impuestos. En el sector eléctrico se acaba de anunciar una bajada de impuestos. Ahora toca recortar el gasto. Si no se hace, lo verdaderamente estructural será el regreso del déficit de tarifa.
Fe de errores: En una primera versión de este artículo se decía que la recaudación por el impuesto eléctrico es de 3.000 millones cuando en realidad son 1.500 millones. 3.000 millones es la transferencia del Ministerio de Hacienda al sistema eléctrico, que incluye la recaudación de otras tasas y conceptos.



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