El Senado votará esta semana el Fondo de Compensación de Pérdidas para los afectados por Fórum y Afinsa
MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Senado votará antes del viernes la enmienda de Entesa Catalana de Progrés a los Presupuestos Generales del Estado (PGEs) para la creación de un Fondo de Compensación de Pérdidas que contempla devolver hasta el 85% de las inversiones a los afectados por las presuntas estafas de Fórum Filatélico, Afinsa y Arte y Naturaleza, según informó Adicae, asociación impulsora de esta iniciativa.
La enmienda llega a la Cámara Alta presentada por el grupo parlamentario Entesa Catalana de Progrés (PSC, ERC, IU-ICV), tras se rechazada el pasado 4 de noviembre por la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados con los votos en contra del PSOE y PNV, y el apoyo de PP, CiU y BNG.
En caso de que la propuesta pase el trámite del Senado será el pleno del Congreso el que tenga la última palabra para aprobar el fondo, que sería la "solución política" para resarcir a los 460.000 afectados por las empresas filatélicas, intervenidas el 9 de mayo de 2006, que se encuentran sometidos a largos procesos judiciales.
El Fondo Extraordinario de Compensación de Pérdidas consiste en una dotación económica que proporcionaría a los perjudicados el 85% de lo invertido -con un límite de 20.000 euros por afectado- que se abonarían en los próximos cuatro ejercicios presupuestarios.
La propuesta del fondo plantea resarcir a un 93% de los afectados, cuyas únicas formas de recuperar parte de lo intervenido son lo derivado de las liquidaciones concursales a las que están sometidas las empresas y una sentencia favorable a sus demandas de responsabilidad patrimonial presentadas contra el Estado por no regular ni vigilar a las filatélicas.
La asociación recordó que durante la tramitación en el Congreso, la enmienda tuvo que someterse a votación en tres ocasiones hasta que la alianza PSOE-PNV-CC consiguió que fuera rechazada, con la adhesión a última hora de PNV y CC, que había manifestado previamente su intención de apoyarla.
"La clase política tiene ante sí la oportunidad de demostrar una verdadera voluntad de reparar sus errores y solucionar la injusta y deplorable situación en que se hallan miles de familias que perdieron sus ahorros en una espiral fraudulenta auspiciada durante décadas por los poderes públicos y tolerada por los supervisores económicos", concluyó Adicae.
http://www.europapress.es/nacional/noticia-economia-senado-votara-semana-fondo-compensacion-perdidas-afectados-forum-afinsa-20091208121902.html
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jueves, 10 de diciembre de 2009
martes, 27 de octubre de 2009
GRUPO DE TRABAJO DE MADRID - PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
El incumplimiento de los mandatos legales, ordenados por las Cortes, del desarrollo
jurídico de los bienes tangibles y la falta de control durante todos los años de la
actividad de las empresas Fórum Filatélico y Afinsa, es sin duda uno de los episodios
más trágicos e incomprensibles, no suficientemente justificado hasta la fecha,
acaecido en España desde que la transición reconoció, a través de la Constitución
Española, una Monarquía Parlamentaria en Democracia.
El Estado no puede inhibirse de sus responsabilidades, sobre todo por la omisión
negligente del entonces Ministerio de Sanidad y Consumo o por incumplimiento de
sus obligaciones en defensa de los consumidores. El Estado y sus Instituciones no
pueden desvincularse de su función legislativa.
El Ministerio de Sanidad y Consumo ha venido calificando, como es sabido, la
actividad de estas empresas como puramente mercantil. En el caso de la Agencia
Tributaria, la contradicción ha sido más penosa, porque unas veces la han calificado
de actividad mercantil y otras de financiera. En la anterior legislatura, el
vicepresidente del Ejecutivo, Pedro Solbes, ante la Comisión de Economía del Senado
afirmaba: "la actividad de Fórum y Afinsa es de comercialización de bienes
tangibles, y no de carácter financiero, por lo que su control y supervisión no
depende de entidades como el Banco de España o la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV), sino que entra dentro de la normativa de consumo".
Para más abundamiento la senadora socialista, Yolanda Vicente, señaló en su
comparecencia que había que "ajustarse a la realidad" y a la legislación vigente de
2003, en clara alusión a la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva, que
recogía que "los bienes tangibles ‐como los sellos‐ son de consumo y no de
inversión y por tanto no están sujetos al control de organismos como el Banco de
España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)".
También la CNMV consideraba que estos negocios no suponían una captación de
ahorro del público, pues, para este organismo, "no estábamos ante instrumentos
financieros que tuvieran a los sellos como subyacente". La Dirección General de
Seguros ha sostenido que el sector de los bienes tangibles nada tenía que ver con la
actividad aseguradora o de fondos de pensiones.
No podemos olvidar que todo este proceso se basó en el informe emitido por la
inspectora jefe de la Agencia Tributaria, Mª Teresa Yábar Sterling. Su informe sirvió
al Fiscal Anticorrupción para instar la intervención judicial de las empresas filatélicas
de Bienes Tangibles. La Sra. Inspectora, llamada a declarar como testigo en la
Audiencia Nacional, reconoció ante el juez Santiago Pedráz, magistrado del Juzgado
número 1 de la Audiencia Nacional, que “su informe se construyó en base a
suposiciones, opiniones y elucubraciones personales” y la mayoría de las veces
“basadas en informaciones sin contrastar”. Preguntada sobre sus conocimientos
técnicos en relación a los bienes objeto de su informe, manifestó “que no poseía
ninguno”. Todo un despropósito de incoherencia y frivolidad.
El Estado de Derecho debe prevalecer por encima de las actuaciones de precariedad
jurídica detectadas en los procesos iniciados el 9 de mayo de 2006 contra Afinsa y
Fórum Filatélico, independientemente de las responsabilidades, tanto civiles como
penales, en que supuestamente pudieran haber incurrido los dirigentes y directivos
de estas empresas. No se puede agravar la situación de los afectados como
consecuencia de actuaciones posteriores. Es obligación de los Poderes públicos velar
por el bienestar de sus ciudadanos, reparar los daños y no acrecentarlos, a tenor de
los que establece el Artículo 51 de nuestra Constitución. Como ciudadanos no
podemos aceptar la falta de sensibilidad percibida muy significativamente por parte
de los Poderes Públicos.
En los actuales momentos de crisis económica, la situación de la mayoría de los
afectados, trabajadores, pequeños autónomos y muchos jubilados, ahorradores
modestos, se está convirtiendo en precariedad y casi indigencia en muchas familias.
Hay que dar soluciones. No podemos resignarnos y condenar a muchas familias a
que traspasen el umbral de la pobreza y caigan irremisible e inmerecidamente en
una ruina provocada. Los tribunales ya dictaminarán si es imputable o no la
Responsabilidad Patrimonial del Estado por la omisión negligente, por
incumplimiento de las obligaciones de los Órganos correspondientes del Estado. Las
actuaciones practicadas fueron totalmente ajenas a las prácticas llevadas a cabo en
casos análogos y, en todo caso, contradictorias con el fin de “la defensa de los
intereses de los ahorradores”. Recordemos los casos de Mario Conde, en Banesto,
Mutua General Universal, Ybarra en el BBVA, Botín en el Banco Santander, por citar
algunos.
Pero mientras se resuelven los procesos abiertos, es imprescindible una actuación
responsable por parte de nuestros gobernantes y abordar los problemas de los
afectados en su justa medida. Se ha de recordar que las actividades de estas
empresas de bienes tangibles fueron en su día, patrocinadas, publicitadas y
recomendadas como seguras y fiables por las más altas autoridades y Organismos
Estatales. Y así lo consideraron los ciudadanos. Fiarse de nuestros gobernantes no
puede ser su condena.
Como ya es sabido, el juez mercantil Francisco Javier Vaquer en sentencia número
893/2008 de 3 de Noviembre de 2008 dictaminó que Afinsa realizó una actividad
financiera al captar ahorros de clientes, lo que supone un giro determinante sobre el
tratamiento que se le estaba dando hasta el momento a Afinsa. Esta calificación
como actividad financiera abre la puerta a la reclamación patrimonial de los
damnificados, puesto que al tratarse de una actividad financiera debería haber
estado controlada por el Banco de España, la CNMV o la Dirección General de
Seguros. En la sentencia, el juez sostiene que "cientos de miles de personas
invirtieron sus ahorros en Afinsa pero con la finalidad de obtener una segura y
prefijada retribución a su ahorro, nunca intervenir en el mercado filatélico". En
otras palabras, si la actividad que llevaban a cabo estas empresas “era de
intermediación financiera a efectos fiscales, también lo sería a efectos de
supervisión financiera”. Si hubo infracción tributaria, hubo también por los mismos
motivos, negligencia del Banco de España, del Ministerio de Economía y Hacienda y
de la propia Agencia Tributaria.
Las empresas de bienes tangibles, Fórum Filatélico y Afinsa, han venido operando
como empresas mercantiles durante 27 años y el Estado ha recaudado, de acuerdo
a esta calificación, el I.R.P.F., los impuestos de Sociedades, IVA y Patrimonio entre
otros. Por consiguiente, el Estado ya ha recaudado por esa otra vía las aportaciones
al denominado fondo de garantía de depósitos al que están obligadas las entidades
calificadas como financieras. Todas las entidades financieras, como es sabido,
tienen que ingresar en el fondo un pequeño porcentaje de los depósitos de sus
clientes para asegurar el sistema en caso de quiebras o suspensión de pagos. Fórum
y Afinsa siempre cumplieron escrupulosamente con sus obligaciones fiscales y fue el
Estado, a través de la Agencia Tributaria, quien no aceptó en su día las aportaciones
debidas para la creación de un fondo de garantía de depósitos solicitado por dichas
empresas.
Hemos de recordar que el dinero del fondo de garantía se ha usado en diversas y
distintas ocasiones, ya que sirve también para ayudar a entidades financieras en
crisis y no sólo para devolver el dinero a los depositantes. Precisamente el primer
banco que necesitó ayuda de un fondo fue el Banco de Navarra, una pequeña
entidad afincada en la Comunidad foral y de capital catalán que fue intervenida en
1978. El Fondo empleó 25 millones de euros en pagar a los clientes del Banco de
Navarra y recuperó poco más de 14,8 millones.
Desde entonces y hasta hoy el fondo de los bancos ha gastado más de 3.000
millones de euros en sanear diversas crisis bancarias, incluida la de Banesto. En 1996 fue el Banco Credipás. En el caso de las cajas de ahorros, su fondo ha servido para ayudar al menos a 14 cajas en situación de crisis a lo largo de las últimas décadas.
Una de las últimas, la Caja de Jerez en 1994. Desde 2001 las agencias de valores y
sociedades de cartera cuentan con un fondo similar, denominado Fogain, que
garantiza también 20.000 euros, invertidos en estas entidades para los casos de
insolvencia y quiebra. Los afectados por las crisis de Gescartera o la agencia AVA,
por ejemplo, han seguido los mismos procesos indemnizatorios abiertos en Fogain.
En estos momentos, ante la crisis abierta en innumerables entidades financieras, el
Estado ha salido en su ayuda con la creación del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB), aportando ingentes cantidades de dinero, incluidos los
aportados por el ICO a una empresa privada como Sacyr, por citar alguna de ellas.
Con el respaldo económico del Gobierno, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) prestó
nada menos que 350 millones de euros y actuó como agente para que la
constructora pudiera recibir de bancos y cajas 5.175 millones de euros. Pedimos “luz
y taquígrafos” para conocer cuáles han sido las actuaciones de todos los
responsables, directivos y gestores de todas las entidades financieras, y respondan
de su negligente gestión, en las que el Estado ha tenido que salir a su rescate con el dinero de todos los contribuyes españoles, hasta ahora que sepamos por un
montante de más de 150 MIL MILLONES de €, entre otras entidades como CCM con un agujero de más de 3000 millones de € y con un aval, ya en estos momentos
comprometido por parte del Gobierno, de 9000 millones de €. No puede haber dos
varas de medir distintas. No hay Estado de Derecho si no hay equidad e igualdad
en la aplicación de la Justicia.
Es evidente que con un comportamiento similar por parte del Estado en la
intervención llevada a cabo en las empresas Fórum Filatélico y Afinsa,
independientemente de las presuntas responsabilidades en que supuestamente
pudieran haber incurrido sus directivos y dirigentes, ahora las víctimas no estarían
en la más absoluta ruina e indefensión.
Consideramos, por todo ello, que corresponde al Estado reparar el daño causado.
No podemos prolongar por más tiempo la situación creada a tantas personas, en su
gran mayoría de avanzada edad y se deben reparar cuanto antes los perjuicios
causados. Eran los ahorros para una mejor vejez para estudios de los hijos, compra
de una vivienda, etc., Es sensibilidad y voluntad política lo que se requiere en estos
momentos por encima de otras consideraciones. Llegados a este punto y en aras del
ejercicio de esa voluntad política, que indudablemente reconocemos a todos
nuestros representantes sin exclusión, por encima de cualquier corto interés de
oportunidad o inoportunidad de partido, pedimos que por el bien común de todos,
Estado y ciudadanos, seamos capaces, en colaboración con todos los Poderes del
Estado, de articular un plan racional, justo y viable, que pueda resolver la
deteriorada situación de tantos modestos ahorradores.
Lo que corresponde por ello, a la vista de la calificación de financiera de la actividad
desarrollada por Fórum Filatélico y Afinsa por parte de los jueces, es la creación de:
1º un fondo de garantía que cubra hasta 100.000 euros y que se aplicará a todos
aquellos afectados, con carácter retroactivo, que tengan reconocida una inversión
máxima de 100.000 € por Titular y Empresa.
2º Para los afectados que tengan reconocida una cuantía superior a los 100.000
euros, en los respectivos procedimientos concursales, se articularán los
correspondientes créditos ICO que cubran la diferencia que resulte por encima del
fondo de garantía, con 0% de interés. La devolución de estos créditos estará
vinculada a la finalización de los diferentes procedimientos judiciales abiertos.
Para salvaguardar el dinero público destinado a estas dos propuestas, el Gobierno
debería comprometerse a gestionar de manera adecuada la venta ordenada de los
activos de las empresas, bien a través de empresas u organismos públicos “ad hoc”,
de forma que en un plazo máximo de 10 años se pudiera satisfacer la restitución de
los ahorros de los afectados, créditos ordinarios y subordinados, de manera que el
coste para el Estado fuera el más bajo posible. Con ello evitaríamos que en un futuro
nos viésemos inmersos en una situación similar a la expropiación del conocido caso
Rumasa, donde el Estado ha tenido que hacer frente a las correspondientes
indemnizaciones después de más de 30 años. Aquí no se trata de una familia sino
de 460.000 familias.
Consideramos que es una decisión y disposición de razonable responsabilidad y que
debe primar para la solución de un problema de las dimensiones ya conocidas y
mencionadas.
Un problema excepcional requiere igualmente soluciones excepcionales.
Madrid 15 de Octubre de 2009.
José Luís Reguillo. Presidente de la Asociación Madrileña de Perjudicados de Afinsa.
José Luís Collado. Presidente de la Asociación de Afectados de Afinsa.
Mónica Aparicio. Presidenta de la Asociación Plataforma Blanca de Madrid.
Francisco Ríos. Presidente de la Asociación Perjudicados Forum de Madrid
jurídico de los bienes tangibles y la falta de control durante todos los años de la
actividad de las empresas Fórum Filatélico y Afinsa, es sin duda uno de los episodios
más trágicos e incomprensibles, no suficientemente justificado hasta la fecha,
acaecido en España desde que la transición reconoció, a través de la Constitución
Española, una Monarquía Parlamentaria en Democracia.
El Estado no puede inhibirse de sus responsabilidades, sobre todo por la omisión
negligente del entonces Ministerio de Sanidad y Consumo o por incumplimiento de
sus obligaciones en defensa de los consumidores. El Estado y sus Instituciones no
pueden desvincularse de su función legislativa.
El Ministerio de Sanidad y Consumo ha venido calificando, como es sabido, la
actividad de estas empresas como puramente mercantil. En el caso de la Agencia
Tributaria, la contradicción ha sido más penosa, porque unas veces la han calificado
de actividad mercantil y otras de financiera. En la anterior legislatura, el
vicepresidente del Ejecutivo, Pedro Solbes, ante la Comisión de Economía del Senado
afirmaba: "la actividad de Fórum y Afinsa es de comercialización de bienes
tangibles, y no de carácter financiero, por lo que su control y supervisión no
depende de entidades como el Banco de España o la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV), sino que entra dentro de la normativa de consumo".
Para más abundamiento la senadora socialista, Yolanda Vicente, señaló en su
comparecencia que había que "ajustarse a la realidad" y a la legislación vigente de
2003, en clara alusión a la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva, que
recogía que "los bienes tangibles ‐como los sellos‐ son de consumo y no de
inversión y por tanto no están sujetos al control de organismos como el Banco de
España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)".
También la CNMV consideraba que estos negocios no suponían una captación de
ahorro del público, pues, para este organismo, "no estábamos ante instrumentos
financieros que tuvieran a los sellos como subyacente". La Dirección General de
Seguros ha sostenido que el sector de los bienes tangibles nada tenía que ver con la
actividad aseguradora o de fondos de pensiones.
No podemos olvidar que todo este proceso se basó en el informe emitido por la
inspectora jefe de la Agencia Tributaria, Mª Teresa Yábar Sterling. Su informe sirvió
al Fiscal Anticorrupción para instar la intervención judicial de las empresas filatélicas
de Bienes Tangibles. La Sra. Inspectora, llamada a declarar como testigo en la
Audiencia Nacional, reconoció ante el juez Santiago Pedráz, magistrado del Juzgado
número 1 de la Audiencia Nacional, que “su informe se construyó en base a
suposiciones, opiniones y elucubraciones personales” y la mayoría de las veces
“basadas en informaciones sin contrastar”. Preguntada sobre sus conocimientos
técnicos en relación a los bienes objeto de su informe, manifestó “que no poseía
ninguno”. Todo un despropósito de incoherencia y frivolidad.
El Estado de Derecho debe prevalecer por encima de las actuaciones de precariedad
jurídica detectadas en los procesos iniciados el 9 de mayo de 2006 contra Afinsa y
Fórum Filatélico, independientemente de las responsabilidades, tanto civiles como
penales, en que supuestamente pudieran haber incurrido los dirigentes y directivos
de estas empresas. No se puede agravar la situación de los afectados como
consecuencia de actuaciones posteriores. Es obligación de los Poderes públicos velar
por el bienestar de sus ciudadanos, reparar los daños y no acrecentarlos, a tenor de
los que establece el Artículo 51 de nuestra Constitución. Como ciudadanos no
podemos aceptar la falta de sensibilidad percibida muy significativamente por parte
de los Poderes Públicos.
En los actuales momentos de crisis económica, la situación de la mayoría de los
afectados, trabajadores, pequeños autónomos y muchos jubilados, ahorradores
modestos, se está convirtiendo en precariedad y casi indigencia en muchas familias.
Hay que dar soluciones. No podemos resignarnos y condenar a muchas familias a
que traspasen el umbral de la pobreza y caigan irremisible e inmerecidamente en
una ruina provocada. Los tribunales ya dictaminarán si es imputable o no la
Responsabilidad Patrimonial del Estado por la omisión negligente, por
incumplimiento de las obligaciones de los Órganos correspondientes del Estado. Las
actuaciones practicadas fueron totalmente ajenas a las prácticas llevadas a cabo en
casos análogos y, en todo caso, contradictorias con el fin de “la defensa de los
intereses de los ahorradores”. Recordemos los casos de Mario Conde, en Banesto,
Mutua General Universal, Ybarra en el BBVA, Botín en el Banco Santander, por citar
algunos.
Pero mientras se resuelven los procesos abiertos, es imprescindible una actuación
responsable por parte de nuestros gobernantes y abordar los problemas de los
afectados en su justa medida. Se ha de recordar que las actividades de estas
empresas de bienes tangibles fueron en su día, patrocinadas, publicitadas y
recomendadas como seguras y fiables por las más altas autoridades y Organismos
Estatales. Y así lo consideraron los ciudadanos. Fiarse de nuestros gobernantes no
puede ser su condena.
Como ya es sabido, el juez mercantil Francisco Javier Vaquer en sentencia número
893/2008 de 3 de Noviembre de 2008 dictaminó que Afinsa realizó una actividad
financiera al captar ahorros de clientes, lo que supone un giro determinante sobre el
tratamiento que se le estaba dando hasta el momento a Afinsa. Esta calificación
como actividad financiera abre la puerta a la reclamación patrimonial de los
damnificados, puesto que al tratarse de una actividad financiera debería haber
estado controlada por el Banco de España, la CNMV o la Dirección General de
Seguros. En la sentencia, el juez sostiene que "cientos de miles de personas
invirtieron sus ahorros en Afinsa pero con la finalidad de obtener una segura y
prefijada retribución a su ahorro, nunca intervenir en el mercado filatélico". En
otras palabras, si la actividad que llevaban a cabo estas empresas “era de
intermediación financiera a efectos fiscales, también lo sería a efectos de
supervisión financiera”. Si hubo infracción tributaria, hubo también por los mismos
motivos, negligencia del Banco de España, del Ministerio de Economía y Hacienda y
de la propia Agencia Tributaria.
Las empresas de bienes tangibles, Fórum Filatélico y Afinsa, han venido operando
como empresas mercantiles durante 27 años y el Estado ha recaudado, de acuerdo
a esta calificación, el I.R.P.F., los impuestos de Sociedades, IVA y Patrimonio entre
otros. Por consiguiente, el Estado ya ha recaudado por esa otra vía las aportaciones
al denominado fondo de garantía de depósitos al que están obligadas las entidades
calificadas como financieras. Todas las entidades financieras, como es sabido,
tienen que ingresar en el fondo un pequeño porcentaje de los depósitos de sus
clientes para asegurar el sistema en caso de quiebras o suspensión de pagos. Fórum
y Afinsa siempre cumplieron escrupulosamente con sus obligaciones fiscales y fue el
Estado, a través de la Agencia Tributaria, quien no aceptó en su día las aportaciones
debidas para la creación de un fondo de garantía de depósitos solicitado por dichas
empresas.
Hemos de recordar que el dinero del fondo de garantía se ha usado en diversas y
distintas ocasiones, ya que sirve también para ayudar a entidades financieras en
crisis y no sólo para devolver el dinero a los depositantes. Precisamente el primer
banco que necesitó ayuda de un fondo fue el Banco de Navarra, una pequeña
entidad afincada en la Comunidad foral y de capital catalán que fue intervenida en
1978. El Fondo empleó 25 millones de euros en pagar a los clientes del Banco de
Navarra y recuperó poco más de 14,8 millones.
Desde entonces y hasta hoy el fondo de los bancos ha gastado más de 3.000
millones de euros en sanear diversas crisis bancarias, incluida la de Banesto. En 1996 fue el Banco Credipás. En el caso de las cajas de ahorros, su fondo ha servido para ayudar al menos a 14 cajas en situación de crisis a lo largo de las últimas décadas.
Una de las últimas, la Caja de Jerez en 1994. Desde 2001 las agencias de valores y
sociedades de cartera cuentan con un fondo similar, denominado Fogain, que
garantiza también 20.000 euros, invertidos en estas entidades para los casos de
insolvencia y quiebra. Los afectados por las crisis de Gescartera o la agencia AVA,
por ejemplo, han seguido los mismos procesos indemnizatorios abiertos en Fogain.
En estos momentos, ante la crisis abierta en innumerables entidades financieras, el
Estado ha salido en su ayuda con la creación del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB), aportando ingentes cantidades de dinero, incluidos los
aportados por el ICO a una empresa privada como Sacyr, por citar alguna de ellas.
Con el respaldo económico del Gobierno, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) prestó
nada menos que 350 millones de euros y actuó como agente para que la
constructora pudiera recibir de bancos y cajas 5.175 millones de euros. Pedimos “luz
y taquígrafos” para conocer cuáles han sido las actuaciones de todos los
responsables, directivos y gestores de todas las entidades financieras, y respondan
de su negligente gestión, en las que el Estado ha tenido que salir a su rescate con el dinero de todos los contribuyes españoles, hasta ahora que sepamos por un
montante de más de 150 MIL MILLONES de €, entre otras entidades como CCM con un agujero de más de 3000 millones de € y con un aval, ya en estos momentos
comprometido por parte del Gobierno, de 9000 millones de €. No puede haber dos
varas de medir distintas. No hay Estado de Derecho si no hay equidad e igualdad
en la aplicación de la Justicia.
Es evidente que con un comportamiento similar por parte del Estado en la
intervención llevada a cabo en las empresas Fórum Filatélico y Afinsa,
independientemente de las presuntas responsabilidades en que supuestamente
pudieran haber incurrido sus directivos y dirigentes, ahora las víctimas no estarían
en la más absoluta ruina e indefensión.
Consideramos, por todo ello, que corresponde al Estado reparar el daño causado.
No podemos prolongar por más tiempo la situación creada a tantas personas, en su
gran mayoría de avanzada edad y se deben reparar cuanto antes los perjuicios
causados. Eran los ahorros para una mejor vejez para estudios de los hijos, compra
de una vivienda, etc., Es sensibilidad y voluntad política lo que se requiere en estos
momentos por encima de otras consideraciones. Llegados a este punto y en aras del
ejercicio de esa voluntad política, que indudablemente reconocemos a todos
nuestros representantes sin exclusión, por encima de cualquier corto interés de
oportunidad o inoportunidad de partido, pedimos que por el bien común de todos,
Estado y ciudadanos, seamos capaces, en colaboración con todos los Poderes del
Estado, de articular un plan racional, justo y viable, que pueda resolver la
deteriorada situación de tantos modestos ahorradores.
Lo que corresponde por ello, a la vista de la calificación de financiera de la actividad
desarrollada por Fórum Filatélico y Afinsa por parte de los jueces, es la creación de:
1º un fondo de garantía que cubra hasta 100.000 euros y que se aplicará a todos
aquellos afectados, con carácter retroactivo, que tengan reconocida una inversión
máxima de 100.000 € por Titular y Empresa.
2º Para los afectados que tengan reconocida una cuantía superior a los 100.000
euros, en los respectivos procedimientos concursales, se articularán los
correspondientes créditos ICO que cubran la diferencia que resulte por encima del
fondo de garantía, con 0% de interés. La devolución de estos créditos estará
vinculada a la finalización de los diferentes procedimientos judiciales abiertos.
Para salvaguardar el dinero público destinado a estas dos propuestas, el Gobierno
debería comprometerse a gestionar de manera adecuada la venta ordenada de los
activos de las empresas, bien a través de empresas u organismos públicos “ad hoc”,
de forma que en un plazo máximo de 10 años se pudiera satisfacer la restitución de
los ahorros de los afectados, créditos ordinarios y subordinados, de manera que el
coste para el Estado fuera el más bajo posible. Con ello evitaríamos que en un futuro
nos viésemos inmersos en una situación similar a la expropiación del conocido caso
Rumasa, donde el Estado ha tenido que hacer frente a las correspondientes
indemnizaciones después de más de 30 años. Aquí no se trata de una familia sino
de 460.000 familias.
Consideramos que es una decisión y disposición de razonable responsabilidad y que
debe primar para la solución de un problema de las dimensiones ya conocidas y
mencionadas.
Un problema excepcional requiere igualmente soluciones excepcionales.
Madrid 15 de Octubre de 2009.
José Luís Reguillo. Presidente de la Asociación Madrileña de Perjudicados de Afinsa.
José Luís Collado. Presidente de la Asociación de Afectados de Afinsa.
Mónica Aparicio. Presidenta de la Asociación Plataforma Blanca de Madrid.
Francisco Ríos. Presidente de la Asociación Perjudicados Forum de Madrid
martes, 8 de septiembre de 2009
ÚLTIMA PROPUESTA DEL PARTIDO POPULAR
El PP quiere que el ICO cubra el 100% de las inversiones de los afectados
MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular ha presentado una proposición no de ley con la que pretende instar al Gobierno a crear una nueva línea de créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que cubra el 100% de la inversión a los afectados por Fórum Filatélico y Afinsa, y cuya duración sea equivalente a la resolución del proceso concursal y los procedimientos judiciales.
En el texto de la iniciativa, al que tuvo acceso Europa Press, la diputada 'popular' por Valladolid Ana Torme reclama esta nueva tanda de préstamos sin intereses ante las "muy difíciles" situaciones personales que atraviesan "la mayoría" de los 350.000 afectados dos años y medio después de la intervención y que sólo reciben "olvido y desprecio" del Gobierno socialista.
El Ejecutivo aprobó en abril de 2007 la creación de una línea ICO para permitir a los afectados recuperar parte de su inversión. Entre septiembre de ese año y el 31 de diciembre de 2008 se formalizaron un total de 57.423 operaciones de crédito a interés cero, por un total de 170,42 millones de euros. Sin embargo, el agujero patrimonial de ambas entidades supera los 4.600 millones de euros, según denuncian las agrupaciones de afectados.
Estos préstamos operan como "anticipos a cuenta" de los reembolsos que en su día determine la Administración de Justicia, con un importe máximo por afectado del 17,5% del importe acreedor frente a las sociedades filatélicas, aunque la limitación final se sitúa en los 6.000 euros. Para los perjudicados encuadrados en colectivos de especial dificultad económica este umbral se elevó hasta el 40% de las deudas, con un máximo de 15.000 euros por persona.
"SOBREACTUACIÓN" DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD.
Sin embargo, Torme denuncia que los afectados siguen sin recuperar las inversiones y sin saber cuándo acabará el proceso judicial que, a su juicio, arrancó con una "sobreactuación inicial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", que implicó una paralización inmediata del negocio de bienes tangibles de las dos empresas afectadas "y la pérdida de todas las inversiones para todos los ahorradores".
Por este motivo, el PP también pide la creación de un fondo de garantía de bienes tangibles para proteger a los inversores en estos bienes de "perjuicios ocasionados" por situaciones como la derivada de la intervención. "Los afectados están viendo cómo el Gobierno no les da respuesta y, sin embargo, sí garantiza los depósitos a las entidades financieras", denuncia Torme.
Complementariamente, se reclama al Ejecutivo que ponga más medios a disposición de los órganos jurisdiccionales para facilitar que se agilice el procedimiento concursal y el resto de procedimientos judiciales.
http://www.europapress.es/economia/noticia-pp-quiere-ico-cubra-100-inversiones-afectados-estafa-filatelica-20090907131332.html
MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular ha presentado una proposición no de ley con la que pretende instar al Gobierno a crear una nueva línea de créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que cubra el 100% de la inversión a los afectados por Fórum Filatélico y Afinsa, y cuya duración sea equivalente a la resolución del proceso concursal y los procedimientos judiciales.
En el texto de la iniciativa, al que tuvo acceso Europa Press, la diputada 'popular' por Valladolid Ana Torme reclama esta nueva tanda de préstamos sin intereses ante las "muy difíciles" situaciones personales que atraviesan "la mayoría" de los 350.000 afectados dos años y medio después de la intervención y que sólo reciben "olvido y desprecio" del Gobierno socialista.
El Ejecutivo aprobó en abril de 2007 la creación de una línea ICO para permitir a los afectados recuperar parte de su inversión. Entre septiembre de ese año y el 31 de diciembre de 2008 se formalizaron un total de 57.423 operaciones de crédito a interés cero, por un total de 170,42 millones de euros. Sin embargo, el agujero patrimonial de ambas entidades supera los 4.600 millones de euros, según denuncian las agrupaciones de afectados.
Estos préstamos operan como "anticipos a cuenta" de los reembolsos que en su día determine la Administración de Justicia, con un importe máximo por afectado del 17,5% del importe acreedor frente a las sociedades filatélicas, aunque la limitación final se sitúa en los 6.000 euros. Para los perjudicados encuadrados en colectivos de especial dificultad económica este umbral se elevó hasta el 40% de las deudas, con un máximo de 15.000 euros por persona.
"SOBREACTUACIÓN" DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD.
Sin embargo, Torme denuncia que los afectados siguen sin recuperar las inversiones y sin saber cuándo acabará el proceso judicial que, a su juicio, arrancó con una "sobreactuación inicial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", que implicó una paralización inmediata del negocio de bienes tangibles de las dos empresas afectadas "y la pérdida de todas las inversiones para todos los ahorradores".
Por este motivo, el PP también pide la creación de un fondo de garantía de bienes tangibles para proteger a los inversores en estos bienes de "perjuicios ocasionados" por situaciones como la derivada de la intervención. "Los afectados están viendo cómo el Gobierno no les da respuesta y, sin embargo, sí garantiza los depósitos a las entidades financieras", denuncia Torme.
Complementariamente, se reclama al Ejecutivo que ponga más medios a disposición de los órganos jurisdiccionales para facilitar que se agilice el procedimiento concursal y el resto de procedimientos judiciales.
http://www.europapress.es/economia/noticia-pp-quiere-ico-cubra-100-inversiones-afectados-estafa-filatelica-20090907131332.html
martes, 5 de mayo de 2009
VOTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PLAN DE PAGOS
El pasado día 29 de Abril se publicó en distinas páginas web la noticia sobre la posibilidad que da el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid para sumarse a la propuesta de plan de pagos:
Miércoles, 29 de Abril de 2009, 9:26hs
Acreedores de Afinsa podrán votar propuesta de plan de pagos hasta 28 agosto
Madrid, 29 abr (EFECOM).- El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha dado a los clientes y acreedores de Afinsa de plazo hasta el próximo 28 de agosto para que se sumen a la propuesta de viabilidad y el plan de pagos que presentó la empresa, que plantea convertirles en accionistas para devolverles sus inversiones.
Así lo ha decidido el juez mercantil Francisco Javier Vaquer en un auto, en el que tras dos años y medio de tramitación del concurso de acreedores (suspensión de pagos) de Afinsa ha dictado el final de la primera fase, la de impugnación del listado de acreedores, que se ha saldado con unas 900 demandas tramitadas.
Según informó hoy el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en el auto también se declara la apertura de la fase de convenio, en la que los acreedores podrán votar únicamente la propuesta de viabilidad y de pagos que presentaron los antiguos gestores de Afinsa en noviembre de 2006.
El pasado 15 de abril, el juez decidió no admitir la propuesta de America Energy & Mining para pagar en cinco años el 50% de los 2.430 millones de euros que la empresa debe a sus clientes, apoyándose en la propia estructura de la sociedad, que consideraba "viable".
Conforme a la reforma de la Ley Concursal que aprobó el Gobierno el pasado 27 de marzo, las adhesiones al convenio de acreedores se realizarán por escrito, ya que se ha eliminado la obligación de que la votación fuera presencial en aquellos concursos con más de 300 acreedores.
Según los administradores concursales, en Afinsa existen cerca de 195.000 clientes, a los que la empresa debe cerca de 2.400 millones de euros, lo que arroja un agujero patrimonial de 1.823 millones de euros.
El plan de viabilidad propuesto por los antiguos gestores de Afinsa propone convertir "de forma gratuita" a los 190.000 clientes en accionistas, con el objetivo de devolverles sus inversiones.
Tal y como anunció en noviembre de 2006 el ex presidente de Afinsa, Juan Antonio Cano Cuevas, la propuesta convertiría a los clientes en "sujetos activos" en la vía mercantil para decidir el futuro del patrimonio de la compañía. EFECOM ecm/jla
http://cl.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200904291326_EFE_FD3082&idtel
Asociación de Afectados de Afinsa
Miércoles, 29 de Abril de 2009, 9:26hs
Acreedores de Afinsa podrán votar propuesta de plan de pagos hasta 28 agosto
Madrid, 29 abr (EFECOM).- El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha dado a los clientes y acreedores de Afinsa de plazo hasta el próximo 28 de agosto para que se sumen a la propuesta de viabilidad y el plan de pagos que presentó la empresa, que plantea convertirles en accionistas para devolverles sus inversiones.
Así lo ha decidido el juez mercantil Francisco Javier Vaquer en un auto, en el que tras dos años y medio de tramitación del concurso de acreedores (suspensión de pagos) de Afinsa ha dictado el final de la primera fase, la de impugnación del listado de acreedores, que se ha saldado con unas 900 demandas tramitadas.
Según informó hoy el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en el auto también se declara la apertura de la fase de convenio, en la que los acreedores podrán votar únicamente la propuesta de viabilidad y de pagos que presentaron los antiguos gestores de Afinsa en noviembre de 2006.
El pasado 15 de abril, el juez decidió no admitir la propuesta de America Energy & Mining para pagar en cinco años el 50% de los 2.430 millones de euros que la empresa debe a sus clientes, apoyándose en la propia estructura de la sociedad, que consideraba "viable".
Conforme a la reforma de la Ley Concursal que aprobó el Gobierno el pasado 27 de marzo, las adhesiones al convenio de acreedores se realizarán por escrito, ya que se ha eliminado la obligación de que la votación fuera presencial en aquellos concursos con más de 300 acreedores.
Según los administradores concursales, en Afinsa existen cerca de 195.000 clientes, a los que la empresa debe cerca de 2.400 millones de euros, lo que arroja un agujero patrimonial de 1.823 millones de euros.
El plan de viabilidad propuesto por los antiguos gestores de Afinsa propone convertir "de forma gratuita" a los 190.000 clientes en accionistas, con el objetivo de devolverles sus inversiones.
Tal y como anunció en noviembre de 2006 el ex presidente de Afinsa, Juan Antonio Cano Cuevas, la propuesta convertiría a los clientes en "sujetos activos" en la vía mercantil para decidir el futuro del patrimonio de la compañía. EFECOM ecm/jla
http://cl.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200904291326_EFE_FD3082&idtel
Asociación de Afectados de Afinsa
jueves, 26 de febrero de 2009
Información sobre la propuesta de Convenio de Acreedores de Afinsa
Estimado asociado/a:
Hoy, día 26 de febrero de 2009, a las 09:30 horas, la Junta de la Asociación ha sido convocada a una reunión, con carácter de urgencia a las 10:30 horas en el despacho de nuestro abogado. A la misma han asistido el economista y el abogado del despacho de Asesores Legales Asociados (ALA), los cuales han elaborado esta propuesta de convenio.
En la reunión, tanto a nuestro abogado como a la Junta de la Asociación se nos ha enseñado nueva documentación confidencial, que una vez leída, valorada y sopesados de forma global pros y contras, y aún quedando requerimientos por cumplir, nos permiten albergar esperanzas de una vía de posible solución.
Por tanto y con el propósito ya expresado en nuestros comunicados, de contribuir a la citada solución, hemos tomado conjuntamente con nuestro abogado, la decisión de apoyar esta propuesta de convenio exclusivamente para su presentación ante el juez de lo mercantil.
Junta Directiva
Asociación de Afectados de Afinsa
En la reunión, tanto a nuestro abogado como a la Junta de la Asociación se nos ha enseñado nueva documentación confidencial, que una vez leída, valorada y sopesados de forma global pros y contras, y aún quedando requerimientos por cumplir, nos permiten albergar esperanzas de una vía de posible solución.
Por tanto y con el propósito ya expresado en nuestros comunicados, de contribuir a la citada solución, hemos tomado conjuntamente con nuestro abogado, la decisión de apoyar esta propuesta de convenio exclusivamente para su presentación ante el juez de lo mercantil.
Junta Directiva
Asociación de Afectados de Afinsa
domingo, 22 de febrero de 2009
Información sobre la propuesta Convenio de Acreedores de Afinsa:
Estimado asociado/a:
Como se acordó en la Asamblea de nuestra Asociación de 16 de Noviembre de 2008 (enviaremos copia del acta el próximo mes de Marzo), se facultó a la Junta Directiva y al letrado de la Asociación de forma mayoritaria a:
1. Analizar, estudiar y valorar cualquier convenio que fuera presentado y después del pertinente análisis, emitir opinión.
2. Este convenio debería contar con los suficientes compromisos, apoyos y garantías tanto legales como financieras (avales bancarias) que hicieran posible su cumplimiento
Las personas que en su momento podían haber dado una explicación específica del convenio, son los profesionales del despacho jurídico ALA que lo elaboraron y a los que esta Asociación por medio de su letrado, solicitó de forma reiterada la documentación completa de la propuesta de convenio. Solo el borrador de dicha propuesta nos fue entregado el pasado día 12 de Febrero de 2009, en mano, durante una reunión mantenida en el propio despacho jurídico de ALA.
El representante de la empresa que asumirá el cumplimiento de las obligaciones de Afinsa, presente en la citada reunión, se comprometió verbalmente a enviar a nuestro abogado el lunes día 16 de Febrero de 2009 un dossier con todos los datos de la empresa en cuestión.
Cuatro días después, el 17 de Febrero de 2009, el convenio es protocolizado. Sin embargo, dicho dossier no nos ha sido entregado a día de hoy.
Efectuado un análisis de la propuesta de convenio con nuestro abogado, observamos:
1. Que únicamente conocemos el nombre de la empresa, sin ningún otro dato más que nos de información sobre la misma.
2. Que no hay avales bancarios, únicamente el mandatario verbal manifiesta en el protocolo número 209 “que los documentos de garantía requeridos por los abogados y afectados en el procedimiento concursal indicado, se aportarán a la mayor brevedad posible, una vez sean emitidos por las entidades pertinentes”
Cumpliendo con el mandato de nuestros asociados arriba expresado, consideramos que la citada propuesta de convenio no cumple con las garantías suficientes. No estamos, por tanto, en contra de ninguna propuesta, ni la Asociación ni su Junta Directiva ni por supuesto nuestro abogado.
Una de las pruebas de lo que estamos diciendo y de la voluntad de la Asociación es el correo electrónico enviado el sábado día 21 de Febrero de 2009 al letrado de ALA, José Miguel-Sin Bolea, en el cual entre otras cosas le solicitamos, no ya los avales bancarios, como hubiese sido deseable tener, sino el documento/s de petición de los mismos por parte de la empresa que asumirá el cumplimiento de las obligaciones de Afinsa, donde se refleje a que entidad/es financiera/s solicita la cantidad de dinero necesaria debidamente sellada por dicha entidad/es.
A continuación adjuntamos correo electrónico citado enviado al Sr. Sin-Bolea, abogado de despacho jurídico Asesores Legales Asociados (ALA).
Sr. Miguel-Sin Bolea.
A pesar de las dudas que tenemos de las garantías de la propuesta de Convenio de Acreedores de Afinsa, que su despacho ha protocolizado el día 17 de Febrero de 2009 en la notaría de D. Pedro-Antonio Mateo Salgado con nº 209; no es menos cierta, la voluntad siempre expresada por esta Junta Directiva y nuestro Abogado: Que un convenio es mejor que una liquidación.
En el citado protocolo el mandatario verbal de la empresa que avala a Afinsa, manifiesta lo siguiente: "que los documentos de garantía requeridos por los abogados y afectados en el procedimiento concursal indicado, se aportarán a la mayor brevedad posible, una vez sean emitidos por las entidades pertinentes ".
De esta manifestación, se deduce:
1º -Que los avales bancarios ya han sido solicitados.
2º -Que se han solicitado a diversas entidades.
3º -Que por la premura de tiempo, las garantías requeridas (entiéndase, los citados avales) no se pueden aportar en este momento.
Con el propósito de que nuestra Asociación, pudiera adherirse a la presentación de la propuesta de Convenio con alguna garantía concreta y de esta forma, cumplir el mandato otorgado por nuestros asociados en nuestra asamblea del 16 Noviembre de 2008.
Pedimos:
Que aporte a nuestro Abogado, los documentos de petición de los citados avales por parte de la empresa que va avalar a Afinsa, debidamente sellados por las entidades a las que se le han solicitado.
Estos documentos, por lógica deben obrar en poder de la compañía avalante, o de Vd.; por lo que su entrega inmediata, dado el poco tiempo de que disponemos, NO DEBERÍA representar problema alguno.
Para concluir si estos documentos cumplen con los requisitos antes citados y se ponen a disposición de nuestro letrado, nos adheriremos a la Propuesta de Convenio.
Atentamente
Junta Directiva de Afectados de Afinsa
Madrid 21 de Febrero de 2009
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