“En España el mérito no se premia.
Se premia el robar y el
ser sinvergüenza.
En España se premia todo lo malo.”
Ramón de Valle Inclán
A continuación en diferentes enlaces
que vamos a publicar, podrán ver ustedes, por qué nuestra asociación (adherida
a ANVIFA) reclama todos nuestros ahorros.
En primer lugar como bien dice el
titular “La locura de las renovables: ya
han costado 85.000 millones y costarán 115.000 millones más”
La locura de las renovables:
ya han costado 85.000 millones… y costarán 115.000 millones más
Las primas al régimen especial se
disparan. El Gobierno quiere cambiar la norma. Los afectados piden seguridad
jurídica. Alemania pagará incluso más.
"Se nos fue la olla con las renovables" – Miguel Sebastián,
octubre de 2015.
Incluso quien fue su principal valedor en su momento reconoce que algo
se hizo mal. El ministro de Industria que más hizo para impulsar la energía verde en España ya admite que
se pasaron, que no calcularon bien, que no previeron las consecuencias de sus
actos… vamos, que se les fue la olla.
Pero, ¿cuánto? ¿Fue
un error normalito? Como ese chaval que se va de fiesta, promete a sus padres
que volverá a las 2.00 a casa… y aparece a las 3.30. ¿O fue una locura de las
gordas? Con el chico llamando a casa a las 10.00 de la mañana desde una parada
de autobús a 50 kilómetros de casa porque no tiene cómo volver.
Pues bien, hasta ahora, la locura de las renovables
de Zapatero y Sebastián le ha costado a los contribuyentes españoles casi 85.000 millones de
euros. Y no se quedará aquí. En los próximos años la factura continuará
subiendo. No es fácil hacer una estimación total. María Teresa Estevan Bolea,
primera mujer del Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado y decana del
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, estuvo hace unos
días explicándonos todo esto en una entrevista en
Libertad Digital. Y nos dejó su sabiduría y sus cálculos: según sus cifras, la
factura de las renovables se disparará hasta casi alcanzar los ¡200.000
millones de euros! Sí, parece una ida de olla de las grandes, de las que aseguran un castigo de los que no se
olvidan. También en este caso lo habrá: eso sí, no lo pagarán los que se
metieron en el lío, sino todos los españoles, en sus impuestos y en su factura
de la luz. Es lo que tienen las noches locas, que siempre vienen seguidas de
resaca.
El mix y
el coste
De los 105.000
MW de potencia eléctrica instalada que tiene España unos 30.000 MW de renovables (más 6.700 de
cogeneración). Eso nos sitúa como uno de los países del mundo con más
porcentaje de su mix eléctrico basado en renovables. De esta forma, las fuentes
se dividen en dos: régimen convencional (hidráulica, nuclear, gas en ciclos
combinados, carbón, fuel-gas) y el régimen especial (renovables y
cogeneración).
Para las primeras, la remuneración llega según los precios de mercado.
Ese precio se fija diariamente y para cada hora, en función de la oferta y la
demanda a través de un sistema marginalista: se paga a los productores el
precio más alto que casa oferta y demanda. Buena parte de la producción entra a
precio cero (renovables o nuclear) y sólo cuando con estas fuentes no se cubre
la demanda van entrando a la subasta las fuentes más caras. Por eso las
condiciones atmosféricas son tan importantes: si hay sol y viento y las
renovables funcionan a plena potencia, se necesita menos aporte de las fuentes
más caras; si en un momento de alta demanda no se puede tirar de renovables,
entonces el precio de ese día es más caro.
Eso sí, hay que tener en cuenta que la electricidad generada a través del
régimen especial recibe una prima. Es decir, que aunque el precio de mercado sea bajo,
los productores tienen garantizados unos ingresos. Y esa prima también se paga
en la factura de la luz. Es decir, que incluso cuando los precios son bajos, el
coste final no baja como debería.
En el siguiente
gráfico se detallan cuáles son los costes incluidos en la factura de la luz:
De esta manera,
tenemos un sistema eléctrico en el que hay que pagar la energía, su transporte
y distribución, como en cualquier otro mercado; y además, una serie de costes
adicionales (primas, subvenciones, pagos por sobrecapacidad) que se suman a
unos elevados impuestos. ¿El resultado? La electricidad en España está entre
las más caras de Europa.
De
primas y garantías
Pero hay un problema adicional. Como explica Estevan Bolea, "el
verdadero problema de las renovables no es este coste tan elevado. La mayor
dificultad es que sólo garantizan el suministro eléctrico unas 1.800 – 2.200 horas al año y en
algunos casos, como la eólica, funcionan más por la noche, cuando la demanda es
menor". Por eso, para que no haya apagones o interrupción en el
suministro, el sistema necesita de una potencia firme de respaldo que asegure
que incluso cuando no hay renovables, todos tendremos la electricidad que demandamos.
Si a eso le sumamos que las renovables se instalaron en España cuando
la tecnología estaba en proceso de desarrollo y era más cara, el cóctel es
explosivo. Porque instalar ahora la misma cantidad de potencia renovable sería
bastante más barato: los procesos han mejorado mucho y han caído los costes de
estas centrales. Pero lo que se les prometió a los productores es cubrir sus
costes pasados, sin importar la diferencia con el precio de mercado. En la
siguiente tabla pueden verse las subvenciones a las renovables en 2015 (en €/MWh)
respecto al precio de mercado. Como puede verse, en el caso de la solar
hablamos de primas que multiplican por 6 y por 7 el precio del mercado. ¿Una
ida de olla?
El resultado puede verse en el
siguiente gráfico que muestra la evolución de los costes del sistema eléctrico
desde el año 2003. Lo que ha disparado el precio de la electricidad en España
han sido las primas
al régimen general. Y no hablamos sólo de pasado, sino también de lo que supondrán a
futuro.
Los cálculos de Estevan Bolea sobre el coste de las renovables,
siguiendo datos oficiales del Ministerio de Energía apuntan a que, sumando los
7.000 millones que se prevé que costará este mismo año 2017, las primas al
régimen general han ascendido a unos 84.000 millones de euros. Si a esa cifra le sumamos lo que habrá que ir abonando a los
productores (si no hay cambios en el marco legal que, por otro lado, podrían
ser impugnados en los tribunales), llegamos a casi 199.000 millones de euros. Y
aunque mal de muchos... ya se sabe que no es gran consuelo, hay que decir que
no somos los que peor estamos. En Alemania, la política de subvenciones a las
renovables ya ha costado 150.000 millones y se estima que en los 25 años que
hay previsto que se sigan pagando estas primas alcanzará los 520.000 millones.
(Ver la siguiente tabla con el desglose de las ayudas en España por tipo de
energía):
No está mal que un político reconozca sus errores. Unos errores, por
cierto, que comparte con buena parte de sus compañeros, en su partido y en los
contrarios. Porque sí, la locura de las renovables alcanzó su apogeo con
el Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero, pero comenzó con el PP en el poder (aunque hay que reconocer que en
este tema hay diferencias de magnitud que son muy importantes). También podría
señalar a los medios de comunicación, porque es misión casi imposible encontrar
a alguien que entre 2004 y 2011 criticara lo que se vendía como la
"apuesta por la energía verde" que situaría a España en la vanguardia
de la tecnología. Y a los que lo hacían (lo hacíamos, porque Libertad Digital
fue uno de los pocos medios críticos con aquella
política) se les tachaba de agoreros, de estar en contra del progreso o de
enemigos del medio ambiente. Pero no estaría de más preguntarse tampoco si esos
errores, cuando son de esta magnitud, no deberían tener aparejados alguna
consecuencia.
Decía Miguel
Sebastián, en la frase con la que comenzábamos este artículo: "Se nos fue
la olla". Hay otra expresión popular, muy popular en estos años de Youtube
y vídeos virales, que también podría haberle servido para ilustrar lo que ha
ocurrido en el pasado y lo que seguirá ocurriendo en el futuro: miles de
millones de euros malgastados, inseguridad jurídica, reclamaciones, empresas
quebradas, fraude en el cobro de las ayudas, una industria menos competitiva,
una factura de la luz incomprensible, consumidores que se sienten estafados…
Porque da la sensación de que los gobiernos españoles, en este tema de las
renovables, la han
liado parda.
Por si lo anterior no fuera lo
suficientemente sangrante el gobierno del Partido Popular en su momento, “aprueba el rescate de las autopistas en
quiebra” verán ustedes el coste que ha supuesto para todos los españoles.
RESCATE DE AUTOPISTAS
Las constructoras cifran en 4.000 millones el
coste del rescate de las autopistas
El Ministerio de Fomento confía
en reducir el importe final con los entre 700 y 1.000 millones de euros que
espera obtener con la relicitación de las nueve autopistas
MÁS INFORMACIÓN
MADRID
04/04/2018 15:35 Actualizado: 04/04/2018 16:49
EUROPA PRESS
La patronal de grandes constructoras
y concesionarias Seopan mantiene en unos 4.000 millones de euros el coste para
las arcas públicas del rescate de las nueve autopistas quebradas, importe que
dobla la estimación de 2.000 millones realizada por el Gobierno.
Este
cálculo incluye la inversión que los actuales concesionarios de las
vías realizaron para su construcción y el coste de
expropiaciones que asumieron, según detalló el presidente de
Seopan, Julián Núñez.
El
Ministerio de Fomento no ha calculado aún este importe, la denominada responsabilidad patrimonial de la
Administración (RPA) ante las vías.
El Departamento debe calcular y pagar
su cuantía en los seis meses siguientes a la resolución de los actuales
contratos de concesión en la que ya trabaja, toda vez que ha empezado a asumir
las vías que van cayendo en liquidación.
No obstante, el Ministerio que dirige Íñigo de
la Serna confía en reducir el importefinal con los entre 700 y 1.000
millones de euros que espera obtener con la relicitación de las nueve
autopistas.
En cuanto a la RPA, su coste correrá a cargo del Fondo de
Contingencia y repercutirá en el déficit público de este año,
tal como indicó este martes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con
ocasión de la presentación de los Presupuestos de 2018.
Plan de carreteras
En este sentido, el presidente de Seopan considera que las
constructoras que se adjudiquen los contratos de construcción y posterior
explotación de los tramos de autovía que incluye el Plan Extraordinario de
Carreteras no deberían asumir el riesgo de las
expropiaciones de los terrenos, o al menos no en su totalidad.
Otras dudas del sector respecto a
este plan, del que en unos días Fomento espera lanzar los primeros contratos,
pasan por la forma en que se actualizará anualmente el canon o pago que las
constructoras recibirán durante los años en los que exploten y mantengan la vía
para recuperar su inversión.
No obstante, el presidente de Seopan
manifestó la satisfacción del sector por la puesta en marcha de
este programa de construcción de carreteras en colaboración con la inversión
privada, dado que supone la vuelta de los contratos de concesión inéditos en
España desde 2012.
El Plan de Carreteras contempla la
construcción de 2.000 kilómetros de nuevos tramos de autovías por un importe
total de 5.000 millones en un plazo de tres años.
Fuente:
El Gobierno aprueba el rescate de las autopistas
en quiebra
El Consejo de Ministros
autoriza romper los contratos con los actuales concesionarios y fijar fecha
para que las asuma el Ministerio de Fomento
MÁS INFORMACIÓN
MADRID
16/02/2018 15:31 Actualizado: 16/02/2018 15:32
EUROPA PRESS
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes
el rescate de ocho de las nueve autopistas de peaje que están en quiebra al
autorizar la anulación de los contratos con las actuales sociedades
concesionarias de las vías.
El Gobierno también ha instado a que se
determinen las fechas exactas en las que el Ministerio de Fomento, a través de
su sociedad Seittsa, pase a hacerse cargo de las autopistas, según informó el
ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al
Consejo de Ministros.
En concreto, el Consejo ha autorizado rescindir
siete contratos de concesión. Se trata del correspondiente a las autopistas
radiales R-3 Madrid-Arganda y R-5 Madrid-Navalcarnero, y a los de la R-4
Madrid-Ocaña, la R-2 Madrid-Guadalajara, la M-12 Madrid-Aeropuerto de Barajas,
la AP-36 Ocaña-la Roda, el tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera y la
Circunvalación de Alicante.
ruptura de los contratos supone un proceso de
trámites administrativos, entre ellos la consecución de informes de la Abogacía
del Estado y del Consejo de Estado. Una vez que estén listos, el Consejo de
Ministros volverá a ratificar la resolución contractual.
En paralelo, con el fin de garantizar la
continuidad del servicio de las autopistas, el Ejecutivo ha instado al delegado
del Gobierno en las sociedades concesionarias de autopistas a determinar la
fecha en que Fomento pasará a hacerse cargo de estas vías.
Primer rescate el
miércoles
Por el momento, sólo hay fecha para el rescate
para tres de ellas. La R-4 será asumida por el Ministerio el próximo miércoles
21 de febrero y la Cartagena-Vera y la Circunvalación de Alicante el 1 de
abril, en la fecha que el juez dictó para que pasen al Estado.
Fomento prevé asumir el resto de vías entre lo
que queda de este mes y el de marzo, si bien fijará la fecha de acuerdo con los
juzgados que acordaron su liquidación y con sus administradores concursales,
según destalló el Ministerio.
En cuanto a la otra vía quebrada, la AP-41
Madrid-Toledo, el Ejecutivo aún no ha anulado el contrato, dado que esta vía no
ha alcanzado la fase de liquidación en el proceso de concurso de acreedores en
que están inmersas todas ellas desde 2012.
El objetivo de Fomento con este rescate es
"garantizar que las autopistas sigan prestando servicio a los
usuarios" tras la quiebra de sus actuales sociedades concesionales,
mientras se vuelve a ceder su explotación a empresas privadas mediante un
concurso público que "lanzará en los próximos meses", según recordó
Méndez de Vigo.
Las sociedades concesionarias de las vías con las
que el Ejecutivo rescinde el contrato están participadas por grupos
concesionales como Abertis y Globalvía, grandes constructoras como ACS,
Ferrovial, OHL y Sacyr, y entidades bancarias.
Factura para las
arcas públicas
Una vez que estos contratos de concesión de las
autopistas queden definitivamente resueltos comenzará a contar el plazo de seis
meses con que cuenta Fomento para calcular y pagar la responsabilidad
patrimonial de la Administración.
Se trata del importe que, por contrato, tiene que
pagar a sus actuales concesionarios por las inversiones que realizaron para
construir las autopistas, un importe que Fomento ya ha reconocido que afectará
al déficit público de este año.
El Gobierno unos 2.000 millones esta factura en
el plan de estabilidad remitido a Bruselas el pasado otoño, pero los fondos
oportunistas que tienen la deuda de las autopistas lo estiman en unos 4.500
millones.
Si bien el Ejecutivo asegura que su cálculo es
"orientativo" y que además, espera cubrir parte del mismo con los
hasta 1.000 millones que espera obtener con la relicitación de las vías, el
impacto en las cuentas públicas podría ser finalmente de unos 1.000 millones.
Fuente:
https://www.publico.es/economia/rescate-autopistas-cargara-fondo-contingencia-e-impactara-deficit-2018.html
El rescate de las autopistas se cargará al Fondo
de Contingencia e impactará en el déficit de 2018
Montoro asegura que el coste
que el Estado afrontará por asumir la gestión de las nueve vías en quiebra aún
no está cuantificado y que, por ello, no se recoge en los Presupuestos
MÁS INFORMACIÓN
MADRID
03/04/2018 14:04 Actualizado: 03/04/2018 14:04
EUROPA PRESS
El coste que el Estado afrontará por el rescate de las nueve
autopistas en quiebra aún no está cuantificado y, por ello, no se recoge en el
proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, si
bien se costeará a cargo del Fondo de Contingencia y
tendrá impacto en el déficit público de 2018.
Así lo indicaron el ministro de Economía, Cristóbal Montoro, y el
secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, durante la presentación de
las cuentas públicas en el Congreso. "Es un proceso consecuencia de
sentencias judiciales, que genera un crédito que ha de atender el Estado en su
momento, y por eso no figura en el programa de gasto de los
Presupuestos", detalló Montoro sobre el rescate de las autopistas.
"Cuando el crédito tenga que afrontarse, el Estado debe tener
capacidad para pagarlo y tendrá un impacto determinado
en el déficit de 2018", reconoció el titular de Hacienda.
De su lado, Nadal añadió que se trata de un importe que aún no está
determinado, pero que se sufragará con el Fondo de Contingencia, que en las
cuestas del Estado para 2018 está dotado con 2.397 millones (un
1,2% más que en 2017).
Además, secretario de Estado de
Presupuestos recordó que la cuantía en que se calcule el coste del rescate es
preciso descontar lo que Fomento espera obtener con la relicitación de las
nueve vías quebradas, un concurso en el que espera obtener hasta 1.000 millones
de euros.
En virtud del rescate de las autopistas quebradas que actualmente
aborda el Ministerio de Fomento, el Estado
tendrá que pagar a las actuales sociedades concesionarias de las vías por la
inversión que realizaron en su construcción y que aún no han amortizado por el
cobro del peaje.
El Ejecutivo cifró en unos 2.000
millones este coste en el último plan de estabilidad remitido el pasado año a
Bruselas, si bien los acreedores de las vías lo elevan hasta 4.500 millones.
El Ministerio de Fomento está
comenzando a asumir las autopistas que están alcanzando la fase de liquidación
en los procesos concursales que están inmersas desde 2012, cuando quebrados por
el desplome de los tráficos y los sobrecostes de las explotaciones.
Una vez que se rescindan los actuales contratos de concesión, el
Estado contará con un plazo de seis meses para determinar y pagar la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA),
esto es, el referido pago por las inversiones que supusieron la construcción de
las vías. No obstante, dado que parte de las vías no se han liquidado aún y,
por ello, no se ha calculado esta RPA, la factura del rescate aún no se ha
incluido en los Presupuestos.
Además, Fomento prevé sacar a
concurso en la segunda mitad del año las autopistas para volver a ceder su
explotación a empresas privadas. Con este proceso espera obtener entre 700 y
1.000 millones de euros, cuantía que destinará a amortiguar el impacto del pago
de la RPA.
Y como no queremos aburrirles para
finalizar este artículo una más del déficit de tarifa eléctrico.
Vuelve el déficit de tarifa
Imagine que cada consumidor, junto con su factura, hubiese recibido
desde 1997 un cupón de descuento por, digamos, el 10%. Más que un descuento, se
trataba de una compra a plazos
19/09/2018 19:06 - ACTUALIZADO: 20/09/2018 19:29
Den le
bienvenida (mejor dicho, el bien-retorno) a un viejo conocido del
sector eléctrico: el déficit de tarifa. El déficit de tarifa es
un invento bastante español. De manera muy resumida (seguro que la historia la
han leído antes), el déficit de tarifa se inventó en el año 1997, cuando se
produjo la (presunta) liberalización del sector eléctrico, y se convirtió en
una bola de nieve a partir de 2005, cuando los precios energéticos se
dispararon en los mercados internacionales.
De forma
simplificada, el déficit de tarifa consiste en que una parte de la electricidad
no se paga ahora sino en el futuro. Imaginemos que cada consumidor eléctrico,
junto con su factura mensual, hubiese recibido desde 1997 un cupón de
descuento por, digamos, el 10%. En realidad, más que un descuento, se
trataba de una compra a plazos. Ese cupón decía: “Te descontamos el 10% de tu
factura, que pagarás en cómodas cuotas a lo largo de los
próximos 10 años”.
Ese
cupón imaginario era muy real: lo recibieron sin saberlo los consumidores
eléctricos cada mes desde 1997. En algunas facturas, el descuento fue del 10%,
en otras del 5%. La bola de nieve se fue acumulando a lo largo de los años. En
su momento cúspide, en 2012, la deuda acumulada llegó a superar los 30.000
millones de euros. En la actualidad, se sitúa por debajo de los
20.000 millones y terminaremos de pagarla dentro de aproximadamente una década.
¿Cómo
nació el déficit de tarifa? En 1997, España vivía bajo la presión de los denominados
criterios de Maastricht. Uno de ellos establecía que la tasa de inflación no
podía superar en más de 1,5 puntos la media de los tres países menos
inflacionistas de la UE. En 1996, la media de la tasa de inflación en estos
tres países (Suecia, Finlandia y Alemania) fue del 1%, por lo que el límite de
Maastricht era del 2,5%. España cerró 1996 con una inflación del 3,6%.
En 1997, la inflación en España descendió hasta el 1,9%, cumpliendo por tanto
el objetivo. ¿Qué pasó entre medias?
El
kilovatio se ha encarecido un 50% respecto a septiembre de 2017
Pasó
sencillamente que el Gobierno hizo todo lo posible para controlar los
precios. Acuciado por la necesidad de reducir el diferencial de inflación,
el Gobierno echó mano de todos los precios que estaban a su alcance. El precio
eléctrico era uno de los candidatos más obvios. Así que el Gobierno, como parte
de la liberalización eléctrica, decidió que los precios se congelasen,
a cambio de reconocer a las empresas el derecho a recuperar este desajuste en
el futuro. Había nacido el déficit de tarifa.
¿Qué consecuencias
tuvo el déficit de tarifa sobre el sector eléctrico? Muchas, casi todas
negativas. Al mantener los precios artificialmente bajos, el déficit de tarifa
incentiva el consumo excesivo y, en consecuencia, incrementa de manera
injustificada los beneficios de las empresas eléctricas. Adicionalmente,
traspasa de manera insolidaria (e inconsciente) el coste de la electricidad
actual a los consumidores futuros. Por último, hay que financiar el déficit.
Alguien debe aportar la liquidez necesaria para financiar el desajuste. En
España, se optó primero por que fuesen las propias empresas las que asumiesen
esta financiación, reconociéndoles un derecho de cobro en sus balances. Cuando
la bola se incrementó demasiado, y coincidió con un contexto de restricciones
financieras, hubo que arbitrar otros mecanismos para su financiación. Al final,
se creó un fondo de titulización (FADE) que,
con la garantía del Estado español, acudió a los mercados internacionales para
colocar esta deuda acumulada mediante instrumentos de renta fija.
El Gobierno decidió que los precios
se congelasen, a cambio de reconocer a las empresas el derecho a recuperar este
desajuste en el futuro
El
déficit de tarifa, como se ha explicado, creció exponencialmente hasta
2012. Una pregunta que normalmente acalora las discusiones en el
sector eléctrico es quién es el culpable del déficit eléctrico. Al ser un
desajuste entre los ingresos y los gastos del sistema eléctrico, en realidad la
'culpa' proviene de ambos sitios. Por el lado de los ingresos, la 'culpa' consistió
en aislar a los consumidores de los incrementos de los precios
energéticos hasta 2006. A partir de este año, la 'culpa' provino del lado de
los costes, fundamentalmente del incremento de las primas a las renovables.
En 2012,
el déficit ascendió a más de 5.000 millones de desequilibrio, solo ese año.
Para hacer freno al agujero, solo había tres caminos: que pagasen los
consumidores eléctricos, que lo hiciesen las empresas o los
contribuyentes. La reforma de 2012 decidió que el agujero lo pagasen en su
mayor parte los consumidores eléctricos. Pero lo hizo a través de un camino
indirecto: en lugar de subir el precio de la luz, se estableció un impuesto
sobre las empresas del 7%, que automáticamente estas repercutieron sobre los
consumidores.
¿Había
otras maneras de hacerlo? Sí, por ejemplo, se podría haber eximido de este
impuesto a las tecnologías marginalistas (carbón y gas). Aunque parezca
contraintuitivo, al eximir del impuesto a determinadas plantas,
acaban siendo las empresas las que soportan el impuesto en lugar de los
consumidores. Lógicamente, no es sencillo argumentar por qué unas tecnologías
deben estar exentas del impuesto y otras no. Los abogados del Ministerio de Industria hubiesen
pasado un mal rato, y es discutible si los tribunales lo hubiesen aceptado.
Pero el resultado es que las empresas hubiesen soportado el impuesto.
También
había una tercera vía: hacer que el agujero lo soportasen el
conjunto de los contribuyentes, por ejemplo, financiando determinadas partidas
de la factura eléctrica a través de los Presupuestos Generales del Estado.
¿Había
otras maneras de hacerlo? Sí, por ejemplo, se podría haber eximido de este
impuesto a las tecnologías marginalistas (carbón y gas)
¿Qué
supone la 'suspensión' del impuesto eléctrico? El efecto más inmediato es
una bajada en la tarifa que pagan los consumidores, que la propia ministra ha
cifrado en un 2%. El segundo efecto es que automáticamente se produce un
desajuste entre los ingresos y gastos del sector eléctrico: según la Comisión de Competencia,
la recaudación del impuesto eléctrico ascendió en 2017 a cerca de 1.500
millones. Este es el agujero que automáticamente se produce en el sector
eléctrico.
La ministra ha estado hábil, porque ha anunciado la suspensión del
impuesto eléctrico apenas unos días después de que Pablo Casado propusiese su
eliminación, lo que deja ahora en un brete al PP. El ministerio también ha
anunciado que en el plazo de seis meses presentará un conjunto de
medidas estructurales sobre el sector eléctrico. Otra manera de
decirlo es que de aquí a entonces debe encontrar la manera de recortar 1.500
millones de euros en el sector eléctrico para equilibrar las cuentas (y la
experiencia indica que no es una empresa fácil). Como diría su colega de
gabinete, la ministra de Economía, lo
fácil es bajar los impuestos. En el sector eléctrico se acaba de anunciar
una bajada de impuestos. Ahora toca recortar el gasto. Si no se hace, lo
verdaderamente estructural será el regreso del déficit de tarifa.
Fe de
errores: En una
primera versión de este artículo se decía que la recaudación por el impuesto
eléctrico es de 3.000 millones cuando en realidad son 1.500 millones. 3.000
millones es la transferencia del Ministerio de Hacienda al sistema eléctrico,
que incluye la recaudación de otras tasas y conceptos.
Entienden ustedes ¿por qué los afectados de Afinsa y
Fórum reclamamos todos nuestros ahorros?
