MANIFIESTO PARA EL DÍA 5 DE MARZO ANTE LA SEDE DEL PP EN GÉNOVA 13

Estimados Asociados/Afectados:
A continuación tenéis el contenido del manifiesto del pasado 5 de marzo leído frente a la sede del Partido Popular en la calle Génova.

MANIFIESTO PARA EL DÍA 5 DE MARZO ANTE LA SEDE DEL P.P. EN GÉNOVA 13

1º) Fue la Ejecutiva del PSOE quien, en un documento hecho público a los pocos días de la intervención, confesaba haber instado a la Agencia Tributaria y al Gobierno para presentar las denuncias que más tarde causarían el cierre de las Empresas.
2º) Fue la funcionaria que dirigía las Inspecciones de la Agencia Tributaria a ambas Empresas y en contra de los informes de sus Servicios Jurídicos quien, incumpliendo de forma impune la vigente legislación, denunció a las Empresas ante la fiscalía.
3º) Fue el Gobierno Socialista quien al darse cuenta de la ilegalidad cometida, modificó la Ley con infame carácter retroactivo y eximiendo a la Agencia Tributaria del deber incumplido al interponer su demanda.
4º) Fueron los jueces quienes ordenaron la intervención bajo unos cargos que para nada contemplaba la demanda de la funcionaria y, curiosamente, sí estaban recogidos en otra demanda interpuesta dos meses antes contra Afinsa por un “Fondo Buitre” y que no pudo prosperar por ser ilegal.
5º) Fueron los Administradores Judiciales, nombrados por los jueces al efecto de la intervención, los que dejaron de abonar los impuestos de Hacienda y Seguridad Social, convirtiendo a esos Organismos en unos acreedores que más tarde pasaron a ocupar el puesto de Administradores Concursales.
6º) Fueron los políticos los que, en 24 ó 48 horas desde la intervención, según los cargos como Empresas Financieras, salieron a los medios a gritar a los cuatro vientos que para nada financieras, que eran empresas mercantiles y que lo del Fondo de Garantía de Depósitos, ni por asomo nos iba a cubrir.
7º) Fueron los mismos políticos que alentaron la intervención, violando la Ley 35/2003 que excluía como financieras a las Empresas, siendo por tanto mercantiles, los que con un cinismo espeluznante aprobaron otra Ley que regulaba a esas Empresas como mercantiles. Kafka no lo habría diseñado mejor.
8º) Fueron los Magistrados de la Audiencia Nacional, del Supremo y de la Audiencia Provincial, los que en repetidas Sentencias han dictaminado el carácter Mercantil de las Empresas, la legitimidad de sus Contratos y por ende, la legitimidad de reclamar los daños y perjuicios.
9º) Fueron los políticos del P.P., con innumerables intervenciones en el Congreso y en el Senado, en Parlamentos Autonómicos y en Diputaciones y Ayuntamientos, los que propugnaron la brutalidad, la irresponsabilidad, la incoherencia y sus lamentables consecuencias de la intervención. Todo ello cuando estaban en la oposición.
10º) Fue el actual Presidente del Gobierno, D. Mariano Rajoy Brey quien en carta firmada por él y dirigida a varias Asociaciones independientes, se comprometió a buscar una solución, incluyendo en su Programa Electoral unos puntos que albergaban esperanza y un trato digno a los afectados.
Pues bien, queridos compañeros, estamos ante un conjunto de CANALLADAS que como define el Diccionario, han sido y son realizadas por unos CANALLAS que nos tratan como a perros sarnosos en lugar de como a ciudadanos con derechos.
Hoy nos hemos concentrado aquí un conjunto de ciudadanos honrados, pacíficos y conscientes de la grave situación por la que atraviesa el País, para decir “BASTA” DE CANALLAS, “BASTA” DE CÍNICOS Y “BASTA” DE LADRONES.
Hay dinero para rescatar a los bancos, con nuestros impuestos. Hay dinero para ayudar a las Comunidades, con nuestros impuestos. Hay dinero para sostener una estructura política de 17 reinos de taifas, con nuestros impuestos. Pero no hay dinero para la Sanidad, la Enseñanza, Los Funcionarios y un largo etcétera, ni para devolvernos lo que nos han expoliado hace siete años.
Si no se robara tanto y tan impunemente en este País, no habría familias en la indigencia, con niños o personas discapacitadas comiendo en Cáritas o en la Cruz Roja. Familias en situaciones económicas de precariedad por no poder disponer de sus ahorros. Familias en paro o sin ingresos que ven como día a día, su dinero es dilapidado por unos Administradores Concursales que deberían ser investigados por el Tribunal de Cuentas o Estamento apropiado, por sus malas praxis y sus constantes chulerías.
Hoy estamos aquí para decir que queremos nuestro dinero y queremos justicia. Que se dignen a recibirnos, que dialoguen con nosotros y que juntos busquemos una solución a esta CANALLADA que sufrimos QUINIENTAS MIL FAMILIAS DE CIUDADANOS ESPAÑOLES CON DERECHOS.

Muchas gracias a todos por vuestro aliento, fuerza y confianza.

ACLA
PLATAFORMA BLANCA DE VIZCAYA
PLATAFORMA BLANCA DE ALBACETE
FEDERACIÓN NACIONAL DE PLATAFORMAS BLANCAS
COLECTIVO DE VÍCTIMAS DE FERRÁZ-GÉNOVA

Asociación Afectados de Afinsa

RESUMEN de la reunión el día 5 de marzo con el Director General de Política Económica del Ministerio de Economía

Estimados Asociados/Afectados:
Nuevamente las noticias giran en torno a los Créditos ICO. Como todos sabéis el pasado 5 de marzo hubo una Concentración frente al Ministerio de Economía y Competitividad convocada por distintas asociaciones y a la que por supuesto nuestra Asociación no podía faltar.
Como ya os adelantamos en su día, una vez terminada la concentración -sobre la una de la tarde- responsables de las distintas asociaciones hicieron entrega en el Registro del Ministerio de una solicitud, reclamando una mayor sensibilidad y mejor proceder con respecto a los anticipos recibidos a través del ICO.
A continuación fueron recibidos por el Director General de Política Económica del Ministerio de Economía, al que se le hizo entrega de una copia de dicha solicitud, con el fin de tratar los mismos contenidos del escrito y concretar los protocolos y procedimientos que se debían seguir respecto de la prórroga de los mismos.
El resumen de lo que nos trasladaron se puede reunir en estos breves puntos:

• En ese mismo documento concretarán toda la operativa y procedimientos que tendrán que seguir los titulares del crédito que deseen suscribir la novación.
• La tan mencionada prórroga no tendrá, oficialmente, carácter de tal, será una novación, es decir un Contrato nuevo toda vez que siguen empecinados en cobrar intereses, en torno al 3,5% que será del 7% de la cuantía novada al final de los dos años, (antes era coste cero).
• Habrá que pasar por Notario con su correspondiente gasto y por tanto el concepto de prórroga sólo se ha aplicado a la moratoria de los 90 días que pasó a ser de 180 días para la efectiva reclamación por parte de las entidades financieras mediadoras.
• Dicha novación será para los titulares ya existentes del Préstamo I.C.O., no admitiéndose a nuevos solicitantes.
• En los casos en los que la entidades han retirado de las cuentas importes para amortizar total o parcial el anticipo, el titular podrá solicitar la novación incluyendo esa cuantía, a fin de verse resarcido.
• Aunque el Préstamo haya vencido, la fecha de la novación será la misma del vencimiento y no habrá gastos ni intereses por el tiempo transcurrido.
• Si un Préstamo ha sido suscrito con una entidad que ahora se descuelga de esta fase, el titular del Anticipo será reconducido a otra entidad sin que ello le suponga ningún coste añadido.
• Habrá una primera fase en la que se agruparán todos los vencimientos ya ocurridos y después se tendrá que estar pendiente de la comunicación que nos remitan, al menos con un mes de antelación, para tomar la decisión de novar o, en su caso, amortizar.
• No nos supieron confirmar si, para esta novación, nos van a volver a pedir la ingente cantidad de documentación que nos pidieron al solicitar el Anticipo. Se les insistió en que tal proceder no se aplicara pues aunque las condiciones cambian con la novación, los titulares ya lo son por derecho desde su origen.

A partir del 15 de marzo, el ICO hará públicas las entidades financieras que se acogen a este nuevo período.
Finalmente, se les pidió que instaran a las entidades financieras para que dejen de acosar, amenazar y retirar fondos de las cuentas corrientes, petición que fue recogida y esperemos que la trasladen y que cause el efecto deseado.

Se les planteó la necesidad de eliminar de las listas de morosos a los titulares de crédito que estando dentro de los 180 días de margen para optar por la prorroga o la amortización han sido incluidos en las mismas.
Tomaron nota de la incidencia y se comprometieron a enviar a las entidades notificación para que los afectados salgan de dicha lista.
Por otro lado informar que, cuando la cuenta corriente abierta con una entidad, lo es exclusivamente a los efectos de una mediación financiera para percibir el préstamo ICO, dicha entidad no tiene derecho a cobrar gastos de mantenimiento por dicha cuenta. Otra cosa es que lo hagamos a través de una cuenta que tiene vinculados otros servicios o, que en la cuenta que nos abran, nos vinculen servicios bancarios que no hemos solicitado y de los que muchas veces no tenemos conocimiento, con lo cual nos aplican gastos de administración y gestión. Los que se encuentren en el primer supuesto y les hayan cobrado esos gastos, pueden reclamarlos con toda legitimidad y si el banco o caja se niega, denuncia al Banco de España.

Seguiremos informando de las novedades que vayan surgiendo en relación a este tema.

Asociación Afectados de Afinsa

EL MINISTERIO DE ECONOMÍA SABÍA QUE LAS FILATÉLICAS NO ESTABAN REGULADAS

Siguiendo con nuestra norma de informar sobre aquellas noticias de interés, a continuación ponemos el texto y el link de la noticia publicada por Europa Press el 29 de Marzo de 2009.

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) –
El Banco de España, el Ministerio de Economía, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General del Tesoro y Política Financiera tuvieron conocimiento en 2002 de que Fórum Filatélico y Afinsa llevaban operando cerca de 20 años sin regulación ni control de los organismos públicos sin evitar que siguieran captando clientes, según los dictámenes jurídicos elaborados por los cuatro organismos entre enero y febrero de 2002, a los que tuvo acceso Europa Press.
El Ministerio de Economía recogió las conclusiones en un informe emitido el 14 de febrero de 2002 en el que concluyó que "sería la propia CNMV el organismo competente para realizar las investigaciones que considere oportunas y, en su caso, proceder a la apertura del procedimiento sancionador que corresponda", basándose en el artículo 2 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores (LMV).
Economía dictaminó la competencia del organismo supervisor al tener "en cuenta los criterios concordantes manifestados por el Banco de España y la Dirección General del Tesoro" y remitió el escrito al secretario general del consejo de administración y el entonces jefe de los servicios jurídicos de la CNMV, José María Garrido García, para que "se lleven a cabo las actuaciones procedentes", según el informe.
Estos documentos, desconocidos hasta ahora, y que no han sido remitidos a la Audiencia Nacional entre la documentación enviada por la CNMV, demostrarían la inhibición en este asunto de los principales organismos económicos bajo el entonces Gobierno del Partido Popular.
El trámite de varias denuncias presentadas entre octubre y diciembre de 2001 ante el Ministerio de Economía, la CNMV y el Banco de España contra Afinsa por captación de ahorro provocó que los servicios jurídicos de las cuatro administraciones abrieran un debate sobre quién tenía la competencia legal para supervisar a las filatélicas con resultados contradictorios, según los documentos.
Cabe destacar que el Banco de España, en su dictamen del 18 de febrero de 2002, advirtió que si la responsabilidad no fuera finalmente de la CNMV "la autoridad competente para requerir información o inspección a Afinsa sería el Ministerio de Economía, por sí mismo o a través del Banco de España", según la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.
LA CNMV ELUDE SU COMPETENCIA CON OTRO INFORME
En contestación a la orden de Economía, la CNMV elaboró un segundo informe, de fecha 27 de febrero de 2002, en el que rechazó su responsabilidad sancionadora al concluir que el artículo 26 bis de la reformada LMV de 1998, que regula los casos de captación ilícita, "no podía servir para aplicarla" a la compra-venta de sellos.
El organismo supervisor argumentó que los sellos "no eran valores negociables", por lo que quedaban fuera de la LMV, y que en los contratos "no existe subyacente ni negociación en un mercado secundario", cerrando la vía para descubrir que se trataba de una estafa piramidal, tal y como defiende la Fiscalía Anticorrupción.
Los clientes "no quedaban desprotegidos", ya que podían acogerse a la "Ley de Competencia Desleal, la Ley General de Publicidad y a la Ley de Protección de Consumidores y Usuarios", concluyó el informe.
Finalmente, el Ministerio de Justicia emitió un informe con fecha del 17 de abril de 2002 en el que concluyó que la compra venta de sellos era "actividad de captación de ahorro del público" pero "no en el sentido que contempla la normativa por la que se rige la actividad financiera propiamente dicha".
"Tales operaciones constituyen una actividad en principio lícita, sin bien carente de regulación propia y específica, sometida a las previsiones del Código Civil y del Código de Comercio sobre obligaciones y contratos, y a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios", concluyó Justicia.
El Gobierno del PP aprobó el noviembre de 2003 la llamada Disposición Adicional Cuarta de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva, que dejó a las filatélicas bajo la competencia del Ministerio de Consumo y a las comunidades autónomas.
PRUEBA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Estos documentos "prueban" y abren la "vía definitiva" para investigar la tesis defendida por las acusaciones particulares de que existió negligencia por parte del Estado por la omisión y pasividad en el control de las filatélicas, según fuentes jurídicas cercanas al caso consultadas por Europa Press.
El presidente de la CNMV en 2002, Blas Calzada, confirmó el pasado lunes ante el juez Baltasar Garzón, que investiga a Fórum, la existencia de estos documentos, así como la preocupación que existía en el seno de estos organismos sobre la competencia en el control de las empresas.
Los abogados de los afectados pedirán ahora la inclusión de estos informes en las causas que investigan los jueces de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón (Fórum) y Santiago Pedraz (Afinsa), así como las comparecencias de los autores de los informes, según las mismas fuentes.
Garzón ya tomó declaración a los ex presidentes de la CNMV Juan Fernandez-Armesto y Manuel Conthe, dentro de las diligencias abiertas a petición de las acusaciones particulares tras descubrir que el organismo supervisor incluyó en su 'Memoria Anual 1999' a las filatélicas como "entidades financieras no registradas". Pedraz rechazó llamarles a declarar.
Los entonces directivos de los organismos autores de los informes, son el jefe del servicio jurídico del Banco de España, Francisco Javier Priego, la directora general del Tesoro y Política Financiera, Gloria Hernández García, del informe de 24 de enero de 2002, y la subdirectora general de recursos y reclamaciones del Ministerio de Economía, Silvia Garcían Malsipica.
El abogado del Estado Arturo García-Tizón concluyó el del Ministerio de Justicia y Garrido elaboró los dos emitidos por la CNMV el 23 de enero y el 1 de abril de 2002.
La intervención judicial de Fórum y Afinsa tuvo lugar el 9 de mayo de 2006 a raíz de una denuncia presentada por la Agencia Tributaria contra ellas por actuar como entidades financieras ante la Fiscalía Anticorrupción y se saldó con un agujero patrimonial de 4.666 millones de euros y 460.000 afectados.




http://www.europapress.es/economia/noticia-ministerio-economia-sabia-filatelicas-no-estaban-reguladas-20090329114036.html