El incumplimiento de los mandatos legales, ordenados por las Cortes, del desarrollo
jurídico de los bienes tangibles y la falta de control durante todos los años de la
actividad de las empresas Fórum Filatélico y Afinsa, es sin duda uno de los episodios
más trágicos e incomprensibles, no suficientemente justificado hasta la fecha,
acaecido en España desde que la transición reconoció, a través de la Constitución
Española, una Monarquía Parlamentaria en Democracia.
El Estado no puede inhibirse de sus responsabilidades, sobre todo por la omisión
negligente del entonces Ministerio de Sanidad y Consumo o por incumplimiento de
sus obligaciones en defensa de los consumidores. El Estado y sus Instituciones no
pueden desvincularse de su función legislativa.
El Ministerio de Sanidad y Consumo ha venido calificando, como es sabido, la
actividad de estas empresas como puramente mercantil. En el caso de la Agencia
Tributaria, la contradicción ha sido más penosa, porque unas veces la han calificado
de actividad mercantil y otras de financiera. En la anterior legislatura, el
vicepresidente del Ejecutivo, Pedro Solbes, ante la Comisión de Economía del Senado
afirmaba: "la actividad de Fórum y Afinsa es de comercialización de bienes
tangibles, y no de carácter financiero, por lo que su control y supervisión no
depende de entidades como el Banco de España o la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV), sino que entra dentro de la normativa de consumo".
Para más abundamiento la senadora socialista, Yolanda Vicente, señaló en su
comparecencia que había que "ajustarse a la realidad" y a la legislación vigente de
2003, en clara alusión a la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva, que
recogía que "los bienes tangibles ‐como los sellos‐ son de consumo y no de
inversión y por tanto no están sujetos al control de organismos como el Banco de
España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)".
También la CNMV consideraba que estos negocios no suponían una captación de
ahorro del público, pues, para este organismo, "no estábamos ante instrumentos
financieros que tuvieran a los sellos como subyacente". La Dirección General de
Seguros ha sostenido que el sector de los bienes tangibles nada tenía que ver con la
actividad aseguradora o de fondos de pensiones.
No podemos olvidar que todo este proceso se basó en el informe emitido por la
inspectora jefe de la Agencia Tributaria, Mª Teresa Yábar Sterling. Su informe sirvió
al Fiscal Anticorrupción para instar la intervención judicial de las empresas filatélicas
de Bienes Tangibles. La Sra. Inspectora, llamada a declarar como testigo en la
Audiencia Nacional, reconoció ante el juez Santiago Pedráz, magistrado del Juzgado
número 1 de la Audiencia Nacional, que “su informe se construyó en base a
suposiciones, opiniones y elucubraciones personales” y la mayoría de las veces
“basadas en informaciones sin contrastar”. Preguntada sobre sus conocimientos
técnicos en relación a los bienes objeto de su informe, manifestó “que no poseía
ninguno”. Todo un despropósito de incoherencia y frivolidad.
El Estado de Derecho debe prevalecer por encima de las actuaciones de precariedad
jurídica detectadas en los procesos iniciados el 9 de mayo de 2006 contra Afinsa y
Fórum Filatélico, independientemente de las responsabilidades, tanto civiles como
penales, en que supuestamente pudieran haber incurrido los dirigentes y directivos
de estas empresas. No se puede agravar la situación de los afectados como
consecuencia de actuaciones posteriores. Es obligación de los Poderes públicos velar
por el bienestar de sus ciudadanos, reparar los daños y no acrecentarlos, a tenor de
los que establece el Artículo 51 de nuestra Constitución. Como ciudadanos no
podemos aceptar la falta de sensibilidad percibida muy significativamente por parte
de los Poderes Públicos.
En los actuales momentos de crisis económica, la situación de la mayoría de los
afectados, trabajadores, pequeños autónomos y muchos jubilados, ahorradores
modestos, se está convirtiendo en precariedad y casi indigencia en muchas familias.
Hay que dar soluciones. No podemos resignarnos y condenar a muchas familias a
que traspasen el umbral de la pobreza y caigan irremisible e inmerecidamente en
una ruina provocada. Los tribunales ya dictaminarán si es imputable o no la
Responsabilidad Patrimonial del Estado por la omisión negligente, por
incumplimiento de las obligaciones de los Órganos correspondientes del Estado. Las
actuaciones practicadas fueron totalmente ajenas a las prácticas llevadas a cabo en
casos análogos y, en todo caso, contradictorias con el fin de “la defensa de los
intereses de los ahorradores”. Recordemos los casos de Mario Conde, en Banesto,
Mutua General Universal, Ybarra en el BBVA, Botín en el Banco Santander, por citar
algunos.
Pero mientras se resuelven los procesos abiertos, es imprescindible una actuación
responsable por parte de nuestros gobernantes y abordar los problemas de los
afectados en su justa medida. Se ha de recordar que las actividades de estas
empresas de bienes tangibles fueron en su día, patrocinadas, publicitadas y
recomendadas como seguras y fiables por las más altas autoridades y Organismos
Estatales. Y así lo consideraron los ciudadanos. Fiarse de nuestros gobernantes no
puede ser su condena.
Como ya es sabido, el juez mercantil Francisco Javier Vaquer en sentencia número
893/2008 de 3 de Noviembre de 2008 dictaminó que Afinsa realizó una actividad
financiera al captar ahorros de clientes, lo que supone un giro determinante sobre el
tratamiento que se le estaba dando hasta el momento a Afinsa. Esta calificación
como actividad financiera abre la puerta a la reclamación patrimonial de los
damnificados, puesto que al tratarse de una actividad financiera debería haber
estado controlada por el Banco de España, la CNMV o la Dirección General de
Seguros. En la sentencia, el juez sostiene que "cientos de miles de personas
invirtieron sus ahorros en Afinsa pero con la finalidad de obtener una segura y
prefijada retribución a su ahorro, nunca intervenir en el mercado filatélico". En
otras palabras, si la actividad que llevaban a cabo estas empresas “era de
intermediación financiera a efectos fiscales, también lo sería a efectos de
supervisión financiera”. Si hubo infracción tributaria, hubo también por los mismos
motivos, negligencia del Banco de España, del Ministerio de Economía y Hacienda y
de la propia Agencia Tributaria.
Las empresas de bienes tangibles, Fórum Filatélico y Afinsa, han venido operando
como empresas mercantiles durante 27 años y el Estado ha recaudado, de acuerdo
a esta calificación, el I.R.P.F., los impuestos de Sociedades, IVA y Patrimonio entre
otros. Por consiguiente, el Estado ya ha recaudado por esa otra vía las aportaciones
al denominado fondo de garantía de depósitos al que están obligadas las entidades
calificadas como financieras. Todas las entidades financieras, como es sabido,
tienen que ingresar en el fondo un pequeño porcentaje de los depósitos de sus
clientes para asegurar el sistema en caso de quiebras o suspensión de pagos. Fórum
y Afinsa siempre cumplieron escrupulosamente con sus obligaciones fiscales y fue el
Estado, a través de la Agencia Tributaria, quien no aceptó en su día las aportaciones
debidas para la creación de un fondo de garantía de depósitos solicitado por dichas
empresas.
Hemos de recordar que el dinero del fondo de garantía se ha usado en diversas y
distintas ocasiones, ya que sirve también para ayudar a entidades financieras en
crisis y no sólo para devolver el dinero a los depositantes. Precisamente el primer
banco que necesitó ayuda de un fondo fue el Banco de Navarra, una pequeña
entidad afincada en la Comunidad foral y de capital catalán que fue intervenida en
1978. El Fondo empleó 25 millones de euros en pagar a los clientes del Banco de
Navarra y recuperó poco más de 14,8 millones.
Desde entonces y hasta hoy el fondo de los bancos ha gastado más de 3.000
millones de euros en sanear diversas crisis bancarias, incluida la de Banesto. En 1996 fue el Banco Credipás. En el caso de las cajas de ahorros, su fondo ha servido para ayudar al menos a 14 cajas en situación de crisis a lo largo de las últimas décadas.
Una de las últimas, la Caja de Jerez en 1994. Desde 2001 las agencias de valores y
sociedades de cartera cuentan con un fondo similar, denominado Fogain, que
garantiza también 20.000 euros, invertidos en estas entidades para los casos de
insolvencia y quiebra. Los afectados por las crisis de Gescartera o la agencia AVA,
por ejemplo, han seguido los mismos procesos indemnizatorios abiertos en Fogain.
En estos momentos, ante la crisis abierta en innumerables entidades financieras, el
Estado ha salido en su ayuda con la creación del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB), aportando ingentes cantidades de dinero, incluidos los
aportados por el ICO a una empresa privada como Sacyr, por citar alguna de ellas.
Con el respaldo económico del Gobierno, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) prestó
nada menos que 350 millones de euros y actuó como agente para que la
constructora pudiera recibir de bancos y cajas 5.175 millones de euros. Pedimos “luz
y taquígrafos” para conocer cuáles han sido las actuaciones de todos los
responsables, directivos y gestores de todas las entidades financieras, y respondan
de su negligente gestión, en las que el Estado ha tenido que salir a su rescate con el dinero de todos los contribuyes españoles, hasta ahora que sepamos por un
montante de más de 150 MIL MILLONES de €, entre otras entidades como CCM con un agujero de más de 3000 millones de € y con un aval, ya en estos momentos
comprometido por parte del Gobierno, de 9000 millones de €. No puede haber dos
varas de medir distintas. No hay Estado de Derecho si no hay equidad e igualdad
en la aplicación de la Justicia.
Es evidente que con un comportamiento similar por parte del Estado en la
intervención llevada a cabo en las empresas Fórum Filatélico y Afinsa,
independientemente de las presuntas responsabilidades en que supuestamente
pudieran haber incurrido sus directivos y dirigentes, ahora las víctimas no estarían
en la más absoluta ruina e indefensión.
Consideramos, por todo ello, que corresponde al Estado reparar el daño causado.
No podemos prolongar por más tiempo la situación creada a tantas personas, en su
gran mayoría de avanzada edad y se deben reparar cuanto antes los perjuicios
causados. Eran los ahorros para una mejor vejez para estudios de los hijos, compra
de una vivienda, etc., Es sensibilidad y voluntad política lo que se requiere en estos
momentos por encima de otras consideraciones. Llegados a este punto y en aras del
ejercicio de esa voluntad política, que indudablemente reconocemos a todos
nuestros representantes sin exclusión, por encima de cualquier corto interés de
oportunidad o inoportunidad de partido, pedimos que por el bien común de todos,
Estado y ciudadanos, seamos capaces, en colaboración con todos los Poderes del
Estado, de articular un plan racional, justo y viable, que pueda resolver la
deteriorada situación de tantos modestos ahorradores.
Lo que corresponde por ello, a la vista de la calificación de financiera de la actividad
desarrollada por Fórum Filatélico y Afinsa por parte de los jueces, es la creación de:
1º un fondo de garantía que cubra hasta 100.000 euros y que se aplicará a todos
aquellos afectados, con carácter retroactivo, que tengan reconocida una inversión
máxima de 100.000 € por Titular y Empresa.
2º Para los afectados que tengan reconocida una cuantía superior a los 100.000
euros, en los respectivos procedimientos concursales, se articularán los
correspondientes créditos ICO que cubran la diferencia que resulte por encima del
fondo de garantía, con 0% de interés. La devolución de estos créditos estará
vinculada a la finalización de los diferentes procedimientos judiciales abiertos.
Para salvaguardar el dinero público destinado a estas dos propuestas, el Gobierno
debería comprometerse a gestionar de manera adecuada la venta ordenada de los
activos de las empresas, bien a través de empresas u organismos públicos “ad hoc”,
de forma que en un plazo máximo de 10 años se pudiera satisfacer la restitución de
los ahorros de los afectados, créditos ordinarios y subordinados, de manera que el
coste para el Estado fuera el más bajo posible. Con ello evitaríamos que en un futuro
nos viésemos inmersos en una situación similar a la expropiación del conocido caso
Rumasa, donde el Estado ha tenido que hacer frente a las correspondientes
indemnizaciones después de más de 30 años. Aquí no se trata de una familia sino
de 460.000 familias.
Consideramos que es una decisión y disposición de razonable responsabilidad y que
debe primar para la solución de un problema de las dimensiones ya conocidas y
mencionadas.
Un problema excepcional requiere igualmente soluciones excepcionales.
Madrid 15 de Octubre de 2009.
José Luís Reguillo. Presidente de la Asociación Madrileña de Perjudicados de Afinsa.
José Luís Collado. Presidente de la Asociación de Afectados de Afinsa.
Mónica Aparicio. Presidenta de la Asociación Plataforma Blanca de Madrid.
Francisco Ríos. Presidente de la Asociación Perjudicados Forum de Madrid
